La Junta de Andalucía entregará mañana las actas a la juez del 'caso ERE'
El jueves acaba el plazo que dio la magistrada a Griñán para enviar lacrados los documentos del Ejecutivo regional
El Ejecutivo andaluz cumplirá con el plazo de las 72 horas, que vence mañana, que le ha dado la juez Mercedes Alaya para enviarle todas las actas de las reuniones celebradas por el Consejo de Gobierno desde 2001 hasta la actualidad. El Ejecutivo las entregará mañana jueves, según confirmaron fuentes de la Junta de Andalucía. La juez, que investiga el escándalo de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, ordenó el envío en sobre lacrado de esas 480 actas de los últimos 10 años.
Alaya ha adoptado esta medida cautelar antes de decidir si envía al Tribunal de Conflictos de Jurisdicción del Tribunal Supremo la negativa de la Junta a entregarle las actas por ser reservadas. En un auto dictado ayer, la magistrada advertía al Gobierno andaluz de que si no entregaba copia de las actas en 72 horas cometería un delito de quebrantamiento de medida cautelar. La Junta se mostró ayer dispuesta a aceptar esta nueva exigencia y hoy ha confirmado que será mañana cuando cumplirá la orden de la magistrada.
En este escrito, la juez reclama información sobre cuatro aspectos concretos: si el Consejo de Gobierno aprobó el acuerdo marco de 2001 entre la Consejería de Empleo y el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) para conceder las ayudas; si se adoptó algún acuerdo desde 2001 hasta 2003 ante "algún reparo" de la Intervención General y de la Cámara de Cuentas; si llegó a la mesa del Gobierno algún acuerdo por la finalización del convenio con el IFA; y si el Ejecutivo aprobó modificaciones presupuestarias para aumentar el fondo de las ayudas a empresas en crisis.
La instructora busca "evitar en el terreno de las hipótesis que pudieran alterarse u ocultarse partes relevantes de las actas" por la Junta mientras se resuelve el conflicto jurisdiccional. Además, advierte al Gobierno autónomo de que incurriría en desobediencia a la autoridad judicial si no le envía también las actas de los consejos de dirección de las consejerías de Presidencia, Empleo, Hacienda y Economía e Innovación de la última década.
La clave está en si la investigación judicial de los ERE fraudulentos puede justificar el examen que pretende hacer la juez de la gestión del Gobierno andaluz durante una década, o si supone una injerencia del Poder Judicial en el Ejecutivo. La Junta ha identificado en su investigación interna de los ERE subvencionados 111 irregularidades administrativas y 72 intrusos (personas que nunca trabajaron en las empresas beneficiadas).
Por otra parte, el presidente de la Junta de Andalucía, Jose Antonio Griñán, ha destacado que se fía "plenamente de que nadie en el juzgado va a abrir las actas", y que "naturalmente" el Ejcutivo regional las remitirá al juzgado.
Mientras, el PP ha pedido la comparecencia "urgente" en el Congreso del vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, para que "dé cuenta" de los escándalos en los que se está viendo envuelta la Junta de Andalucía, en alusión a la denuncia de que su hijo intermedió para empresas de la Junta y al caso de los ERE.
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