La Junta se niega a entregar a la juez del caso ERE todos los acuerdos del Gobierno
El Gobierno insiste en que las deliberaciones son secretas y se ofrece a aportar cuanta documentación sea relevante
El Ejecutivo andaluz se ha negado a entregar a la juez Merecedes Alaya las actas de los consejos de Gobierno de los últimos 10 años, tal y como solicitó la magistrada como parte de la investigación de los presuntos fraudes cometidos en los Expedientes de Regulación de Empleo.
Los Servicios Jurídicos del Junta de Andalucía consideran imposible "levantar la reserva con carácter general e indiscriminado" de las actas de todas las reuniones de todos los gabinetes de los últimos años.
El Ejecutivo andaluz ha enviadoal Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla un "requerimiento de incompetencia" y se ha ofrecido a enviar cuantos informes y acuerdos tengan que ver con el caso. A esta oferta, la juez respondió que si supiera cuáles van a ser relevantes para la investigación no pediría todos.
La Junta se ampara en el artículo 31. 1 del Gobierno, que señala: "Los documentos que se presenten al Consejo de Gobierno tendrán carácter reservado hasta que el propio Consejo de Gobierno acuerde hacerlos públicos".
La juez podría elevar un conflicto de jurisdicción ante el Tribunal Supremo. El Tribunal de Conflictos de Jurisdicción al que recurren las administraciones públicas que plantean reparos a los diferentes tribunales del país, resolvió el año pasado siete asuntos. La Comunidad de Madrid, el delegado del Gobierno en el País Vasco o el Ayuntamiento de Sagunto plantearon las dudas a este tribunal que preside Cárlos Dívar como presidente del Tribunal Supremo. El tribunal tiene seis miembros, y junto a Dívar figuran los magistrados José Manuel Bandrés, Octavio Herrero, y tres miembros del Consejo de Estado.
Según las investigaciones, en los ERE tramitados por la Juntahay 183 irregularidades:72 son intrusos (personas que nunca han trabajado en las empresas y 111 "discordancias administrativas".
