De la "decisión jurídica muy pobre" a la "valoración minuciosa" del Supremo

Los expertos en Derecho Constitucional discrepan sobre el auto del Tribunal Supremo que impide el registro de Sortu, la nueva marca de la izquierda abertzale. Mientras que unos consideran que la decisión del alto tribunal está basada en prejuicios políticos, otros estiman que se trata de un auto muy bien argumentado.

"Es una decisión muy pobre jurídicamente, muy perezosa intelectualmente". Javier Pérez Royo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, considera que el auto del Supremo "parte de un prejuicio más bien de naturaleza política que propiamente jurídico", que es que "Batasuna y ETA son lo mismo y que lo que se dijo en 2003 para Batasuna vale en 2011 para Sortu". Según el experto constitucionalista, está "jurídicamente muy bien articulado".

De opinión similar es Joan Queralt, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Barcelona. "No entiendo la sentencia. No se qué pruebas se han tenido en cuenta. No se ha tenido en cuenta el proceso de elaboración de los estatutos de Sortu y no se en qué se basan para decir que la formación no condena la violencia", protesta Queralt. Tras leer la sentencia, el catedrático sigue sin entender cómo el Tribunal Supremo le ha dicho que no a la formación. "El juez no puede usar en el proceso pruebas que de otro modo no podrían aceptarse. Son pruebas que parten de informes de despacho y la forma de obtenerlas no es legítima, ya que se basan en conjeturas, probabilidades, opiniones...". Así, en su opinión los magistrados que votaron a favor de la legalización de Sortu creen que se han tomado como pruebas cosas que no son pruebas". "Lógicamente, grupos como Sortu tienen que salir de la izquierda abertzale, no van a salir del PP... El entorno abertzale es muy grande y no todos son violentos. Algunos han hecho tránsitos y tienen derecho a cambiar".

Para Gerardo Ruiz-Rico, el Tribunal Supremo ha realizado una interpretación "excesivamente amplia" de la capacidad que le otorga la Ley para controlar la legalidad de un partido político. "Ha venido a dictar un auto con una base probatoria bastante discutible y frágil, tal y como lo demuestra la existencia de un voto particular suscrito por buena parte de la Sala encargada de resolver el problema". Por ello le parece "más coherente y razonable" la postura de los magistrados discrepantes. "A la hora de restringir o limitar derechos fundamentales propios de un sistema democrático es preciso un nivel de rigurosidad y exigencia mayor del que posiblemente ha utilizado el Tribunal Supremo, el cual ha considerado suficientes unos indicios probatorios basados en su propia interpretación de documentos que, a mi juicio, no pueden acreditar una actividad contraria a los principios constitucionales", asegura.

Gregorio Peces-Barba, considera, en cambio, que "el auto dictado en función de la sentencia de ilegalización de Sortu es perfectamente ajustado a derecho ". El catedrático y uno de los siete padres de la Constitución española estima que la argumentación de la mayoría de jueces del Supremo que respaldan el auto "es exhaustiva" porque "son pruebas que derivan de los propios estatutos y de los vínculos personales porque gran parte de las personas que promueven el partido tienen conexión con Batasuna y su entorno". Según Peces-Barba, "todos los pasos dados por Sortu para su legalización constituyen un reconocimiento implícito de que ha sido creado por Batasuna, así como se desprende paralelamente de los propios comunicados de ETA".

También la experta constitucionalista Teresa Freires se muestra más a favor de la sentencia que de los votos discrepantes. Según argumenta, el problema técnico de esta sentencia se encuentra en la "validez que se quiera dar a las pruebas indiciarias" y la valoración que ha hecho el Supremo es "muy minuciosa". "Pero además, no solo se basa en pruebas indiciarias, sino en hechos ciertos y documentos válidos". En cambio, Freires muestra su mayor "discrepancia con los votos discrepantes". "Cuando argumentan que el pretendido partido político ha abandonado de manera tajante la violencia no sé qué elementos objetivos tienen; están haciendo un juicio de valor", añade.

Información de Patricia R. Blanco, Paula Escalada y Gloria Rodríguez-Pina.