La Generalitat fijará multas para las imprudencias en la montaña

Las imprudencias en la montaña no saldrán gratis en el futuro. La Generalitat creará un régimen sancionador en la Ley de Presupuestos para fijar el pago de los rescates de montaña a aquellas personas que cometan una imprudencia flagrante que obligue a intervenir a los equipos de salvamento. A partir de ahora se sustituirá el sistema de tasas por otro de multas.

Mientras no entra en vigor se aplicará a las imprudencias en la montaña la tasa creada por el anterior gobierno tripartito, que no llegó a cobrar por ninguno de los más de 1.000 rescates efectuados desde que entró en vigor la normativa que le permitía facturar el importe de los servicios de salvamento realizados por los bomberos en casos claros de negligencia o imprudencia. Uno de los motivos esgrimidos para no cobrarlos fue la dificultad para valorar la responsabilidad de los infractores en cada caso.

El consejero de Interior, Felip Puig, ha declarado hoy a Efe que, tras reflexionarlo, se ha decidido a eliminar la tasa creada por el tripartito para cobrar los rescates y que, en su lugar, se establecerá un régimen sancionador en el que se escalonarán las multas a pagar en caso de un rescate provocado por una imprudencia.

Puig ha explicado que este régimen sancionador será más efectivo a la hora de resarcir a la administración por los rescates. La tabla de sanciones está todavía en fase de estudio, según han admitido fuentes del departamento, y la cuantía de las mismas dependerá de la gravedad de cada caso. "Habrá faltas leves, graves y muy graves", han añadido las mismas fuentes.

Puig anunció hace unos días que la Generalitat enviará factura a las personas que hace dos semanas tuvieron que ser rescatadas por los servicios de emergencias, en concreto a unos jóvenes de Castelló d'Empúries (Girona)que cruzaron con el coche una zona en que se avisaba del peligro por riadas y a un esquiador que fue atrapado por un alud de nieve después de acceder a una zona de la estación de Masella que estaba cerrada por riesgo de aludes. La primera imprudencia supuso un gasto de unos 600 euros, mientras que el de la segunda se eleva a unos 14.000 euros, ya que intervino un helicóptero.

El consejero, no obstante, ha tranquilizado al conjunto de ciudadanos que respetan las normas, ya que si sufren un accidente o una situación imprevista no tendrán que pagar el rescate. "Solo habrá multas para aquellos casos que generen un coste público como consecuencia de una actuación irresponsable, expresamente efectuada y además conocida", ha añadido Puig.