Jiménez Villarejo ve un "dislate" el fallo del Supremo sobre la condena a Miguel Hernández
El exfiscal anticorrupción critica el fallo que deniega la revisión del caso y sostiene que apenas hay avances en la reparación de daños de las víctimas del franquismo
Carlos Jiménez Villarejo, exfiscal anticorrupción, ha calificado esta mañana en Alicante de "dislate" la sentencia del Tribunal Supremo que deniega el recurso para la revisión de la condena a muerte por parte de un consejo de guerra franquista al poeta oriolano Miguel Hernández. "La resolución, además de la pobreza de sus fundamentos jurídicos, parece redactada por un estudiante de primero de Derecho", ha señalado Jiménez Villarejo.
La Sala 5ª de Lo Militar del Tribunal Supremo denegó el pasado 21 de febrero el recurso de la familia del poeta y de la Comisión Cívica para la Recuperación de la Memoria Histórica de Alicante porque aquella sentencia "carece actualmente de vigencia jurídica". Miguel Hernández fue condenado el 18 de enero de 1940 en sentencia dictada por el Consejo de Guerra Permanente número 5 de Madrid a la pena de muerte, luego conmutada por la de 30 años de reclusión mayor. El poeta falleció en la cárcel.
Para Villarejo, la sentencia del Supremo "no solo ignora principios fundamentales del sistema democrático, sino también los de la Ley para la Recuperación de la Memoria Histórica". El exfiscal ha insistido en que jurídicamente la sentencia está vigente y "debe se anulada por los vicios del procedimiento, la indefensión del condenado (el poeta) y la ausencia de garantías jurídicas".
El exfiscal anticorrupción visita hoy Alicante para participar en los actos organizados para este fin de semana por la Comisión Cívica de Alicante para la Recuperación de la Memoria Histórica. Jiménez Villarejo ofrecerá esta tarde una conferencia sobre la reparación de las víctimas del franquismo. En el acto también intervendrá Javier Moreno Díaz, presidente de la Asociación Foro por la Memoria.
Villarejo y Moreno, en una rueda de prensa ofrecida este mediodía, han coincidido en destacar los "escasos avances" que se han producido en España a la hora reparar a las víctimas de la represión franquista, "tanto en el aspecto económico, como social y jurídico".
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