EU denuncia ante la fiscalía los contratos y pagos del Consell a Calatrava

La coordinadora de Esquerra Unida del País Valencià (EU) y diputada autonómica, Marga Sanz, y los parlamentarios Marina Albiol y Lluís Torró han presentado esta mañana una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción para que abra una investigación sobre los contratos y pagos de la Generalitat al arquitecto valenciano Santiago Calatrava.

La coalición entiende que "hay serios indicios de posibles delitos de prevaricación, de malversación de fondos públicos, de fraude a la Administración y de fraude a la Hacienda Pública". EU destaca que los contratos con el arquitecto valenciano para diversos proyectos, entre ellos los rascacielos de la Ciudad de las Artes y el centro de convenciones de Castellón, se realizaron "sin publicidad" y derivaron en pagos millonarios por "cerca de seis millones de euros" aunque no se hayan ejecutado. "Estamos ante una situación realmente grave y de falta de transparencia en asuntos relacionados con el dinero de los valencianos", afirma EU.

La denuncia se presenta ante la Fiscalía Anticorrupción y la coalición entiende que "puede haber personas aforadas" relacionadas con los hechos. En ese sentido, Sanz ha apuntado hacia "el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, el consejero de Economía, Gerardo Camps, y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá". EU recuerda que, en todo caso, "las personas aforadas" tendría que señalarlas el juez.

Marga Sanz ha destacado estos días que "las irregularidades son muy graves y es imprescindible ya la intervención de la Fiscalía". EUPV ha hecho público en las últimas semanas los "incumplimientos" del contrato y "pagos millonarios" de la Generalitat al arquitecto, "por obras que no están ni comenzadas y con el conocimiento de los máximos dirigentes de este gobierno, ya sea el propio presidente, Francisco Camps, como los vicepresidentes Vicente Rambla y Gerardo Camps", ha señalado Sanz.

En la denuncia, EU considera que hay "indicios racionales de criminalidad" en relación con la contratación de Calatrava "por parte de diversos organismos públicos, siempre mediante el procedimiento excepcional negociado sin publicidad, de proyectos constructivos y de urbanización, sin que el objeto de tales proyectos conste siquiera que se haya iniciado su ejecución". "Confiamos en que la Justicia dé trámite a la documentación que hemos presentado y obligue a decir algo a un presidente del Consell que está callado y a un Consell que está callado", ha afirmado Sanz.

A preguntas de los medios sobre el "paralelismo" entre este asunto y el caso Palma Arena -que afecta al expresidente balear Jaume Matas por el pago de un proyecto a Calatrava-, la dirigente de EU ha apuntado que"los paralelsmos vienen derivados de los propios delitos que pensamos que existen". Así, ha subrayado que "hay unos contratos sin publicidad, unas cantidades desorbitadas que se han pagado y van vinculadas a los sobrecostes", una cláusula que "no está permitida en los contratos públicos", y "obras que no se han realizado".

En la denuncia, EU señala que en el caso del contrato de la dársena del puerto de Torrevieja, no se conocen las razones que avalen la ausencia de la concurrencia de otros licitadores. Por lo que se refiere al de las torres en la Ciudad de las Artes, la formación indica que "11 meses antes de la suscripción del contrato, el propio presidente Camps anuncia la adjudicación a Calatrava", con lo que la justificación del procedimiento negociado sin publicidad "se agota en la mera voluntad política".

Además, en dichos contratos "no consta" la existencia del pliego de prescripciones técnicas, "no ha quedado acreditada" la capacidad de obrar del contratista", ni la "solvencia técnica" del mismo y "tampoco se justifican las causas que motivan la dispensa de la constitución de garantía", tal y como exige la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Esto, en opinión de EU, "apunta a la comisión de un delito de malversación de caudales públicos".

En cuanto al proyecto del Centro de Convenciones de Castellón, la empresa pública Sociedad de Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana (SPTCV) paga la redacción del proyecto básico a pesar de que reconoce el "incumplimiento" del contrato.

De igual modo, en la denuncia se destaca que "en todos los casos, se trata de proyectos que no se han ejecutado y cuya efectiva realización se muestra poco menos que imposible", lo que apuntaría a un supuesto fraude. Además, en los pagos de los contratos de Castellón y los rascacielos "no se ingresó el IVA correspondiente", ya que el domicilio fiscal de Calatrava se encuentra en Suiza.