Anticorrupción detalla las corruptelas del exalcalde de Totana

La Fiscalía Anticorrupción presentó el pasado viernes su escrito de acusación contra el exalcalde de Totana y aún diputado autonómico murciano Juan Morales Cánovas. El escrito desgrana todos los indicios de corrupción urbanística hallados durante la investigación: cohecho, blanqueo de capitales, fraude, falsedad, malversación, etcétera, en un alegato contra el exdirigente del PP. La Fiscalía solicita para el diputado una pena de 28 años y ocho meses de prisión.

"En la legislatura de 2003-2007, siendo alcalde y amparándose y aprovechándose de tal condición de máximo responsable municipal" Morales fue "un triste y claro ejemplo de lo que nunca debe hacer un cargo público, esto es, el usarlo para servirse del mismo con un fin estrictamente privado, buscando en muchos casos de una forma desmedida el beneficio económico particular, y en otros casos buscando el trato de favor para sus amistades, utilizando para conseguir tales fines todos los mecanismos e instrumentos necesarios para no dejar rastro o huellas de sus quehaceres al margen de la más elemental normativa y sin el más mínimo recato tanto él directamente como, en la mayoría de los casos a través de terceras personas, tanto físicas como jurídicas, y tanto públicas como privadas, a las que utilizaba como testaferros a modo de parapeto a fin de ocultar que detrás de esos movimientos estaba su persona".

Tan inmenso manejo habría sido imposible si Morales no se hubiera dotado del poder absoluto: "al menos desde 2004 centralizó en su persona todas las actuaciones urbanísticas importantes del municipio, y entre ellas destacaba todo lo relacionado con la tramitación del plan general de ordenación urbana".

Asumió "toda la documentación relativa a los convenios urbanísticos, sobre los que inició una cruzada para conseguir tramitar y firmar el mayor número de convenios". Y todo ello "movido por un interés privado" al calor de "unas plusvalías muy importantes en una época de bonanza económica como la que se vivía aún en aquellas fechas, teniendo así una vía fácil para la participación personal en las citadas plusvalías, a las que en muchos casos se les denomina coloquialmente pelotazos, pues como se ha apuntado, la localidad de Totana era municipio en el que se llegaron a tramitar un número aproximado de 60 convenios urbanísticos a instancia del citado alcalde acusado, situación idónea que servía como caldo de cultivo de prácticas como las que se van a citar a continuación, llegando incluso a utilizar de forma habitual la maniobra de contactar él directamente o a través de terceros tanto con los dueños de los terrenos rústicos o no urbanizables como con los propios promotores inmobiliarios interesados en el desarrollo urbanístico, solicitando a muchos de ellos sin pudor compensaciones económicas cuyo destinatario iba a ser él".

El escrito detalla que Morales, tras perder la alcaldía de Totana en 2007 ?que ocupó entre 1995 y 1999 y 2003 a 2007-, siguió tutelando sus intereses privados desde su puesto de diputado regional, escaño que ocupa desde 2003 a la actualidad. "Siguió aprovechándose de su condición de servidor público con posibles influencias en la Administración, al ser miembro de la comisión parlamentaria de Ordenación del Territorio en la asamblea regional".

El exalcalde no dejó nada al azar. "Morales es el que propicia desde el principio la existencia de esa comisión ilegal pues es el que la solicita, es él quien concreta la cantidad a abonar, él ordena y coordina la operación, él exige la firma de un documento público de reconocimiento de deuda y es él el que firma el convenio...".

La investigación de estos hechos se produce a partir de una denuncia gracias a la información comprometedora para Morales proporcionada por un miembro de la trama, Emiliano Ovide, que entrega a un miembro de la oposición local.

Ovide, en contacto estrecho con Manos Limpias como acreditan las grabaciones sumariales, hizo llegar el recado de que iba a denunciar los hechos para obligar a que se le pagara su parte del pastel. Ovide mostró pruebas de que por una sola operación estaba en juego una comisión de tres millones de euros. La fiscalía tiene indicios de que las comisiones solicitadas superaron los 15 millones de euros.

Fruto de tales operaciones y "actividades paralelas", Anticorupción ha hallado que Morales tiene "una gran cantidad de dinero que excedía con mucho su capacidad de ingresos por la vía oficial, teniendo tanto un exceso de movimiento de dinero en metálico como una gran actividad en la adquisición de bienes muebles e inmuebles, que no ha podido justificar su procedencia lícita".

En concreto, el fiscal encargado del caso le imputa el manejo de más de medio millón de euros de dinero negro en un lapso muy concreto, entre 2006 y 2007, cuando en dichos años todos sus sueldos oficiales no superaban los 100.000 euros.

Igualmente, se le ha descubierto un inextricable bosque de transferencias y pagos a través de su red de empresas tapadera y testaferros.