La Guardia Civil recupera en Andorra 2,4 millones de euros desviados por la trama urbanística de Llíber

La Guardia Civil ha logrado recuperar más de 2,4 millones de euros desviados a Andorra por la trama corrupta que construyó 300 casas ilegales en suelo no urbanizable de la localidad alicantina de Llíber. La operación Ruinas ha culminado así con la detención de 18 personas y la recuperación de un parte importante del botín.

La investigación arrancó en diciembre de 2008, cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de que en Llíber se estaban construyendo viviendas en terrenos no urbanizables y en parcelas que carecían de las dimensiones legales suficientes.

Tras una "compleja investigación" que incluyó el análisis de diferentes fuentes documentales, seguida de un amplio dispositivo policial en torno a las personas implicadas, el 13 de diciembre de 2009 se pasó a la fase de explotación de la operación, con la detención ese día y en los posteriores de cinco constructores; el arquitecto municipal y el alcalde de los años 2000 a 2003; seis integrantes de la Corporación durante los años investigados por su supuesta implicación en la trama de construcciones ilegales al aprobar las licencias en los plenos, así como un abogado, un asesor y un notario relacionados presuntamente de la compraventa de las parcelas no urbanizables.

En el desarrollo de la operación se practicaron cinco registros domiciliarios en las localidades de Dénia, Llíber, Jávea y Gata de Gorgos, en los que la Guardia Civil se incautó de "abundante documentación y recibos de pago", así como varias armas.

La Guardia Civil estima que se contruyeron unas 300 viviendas ilegales, con precios que oscilaban entre los 250.000 y 665.000 euros cada una. Para lograr la licencia de construcción, los clientes entregaban "siempre por adelantado, en efectivo y sobre cerrado, sin percibir factura alguna, una importante suma de dinero para hacerla llegar supuestamente al arquitecto técnico municipal".

Todas las detenciones se han llevado a cabo por supuestas irregularidades urbanísticas cometidas entre los años 2000 y 2003 y el valor de las estafas podría alcanzar los 90.000.000 euros, indica el instituto armado. El grupo de personas implicadas llegaba a controlar todas las operaciones y transacciones, desde la petición de las licencias hasta la captación de clientes, asesoramiento legal y venta; y se les imputa la presunta comisión de los delitos de prevaricación, contra la ordenación del territorio, falsedad documental, cohecho, estafa, asociación ilícita y tenencia ilícita de armas.

Comisión rogatoria

Tras el análisis de la documentación bancaria sobre entidades ubicadas en el Principado de Andorra halladas en dos de los registros domiciliarios, se solicitó a través del juzgado de Dénia una comisión rogatoria internacional al Principado de Andorra con la finalidad de localizar el dinero entregado por los perjudicados.

En diligencias incoadas por la Administración de Justicia del Principado de Andorra se confirmó a la Guardia Civil en febrero de 2011 que el arquitecto técnico municipal de LLíber y su esposa poseían tres cuentas bancarias, utilizada una de ellas como cuenta nodriza que recibía siempre imposiciones en efectivo. Los movimientos registrados entre agosto de 2002 y septiembre de 2009 sumaron un valor de 2.410.747 euros, de los cuales 2.300.000 fueron ingresados entre agosto de 2002 y febrero de 2003, coincidiendo con el período investigado de mayores irregularidades urbanísticas. Después de la excarcelación del principal investigado, en el mes de abril de 2010 este intentó retirar en efectivo la totalidad de lo ingresado en las cuentas, lo que no pudo hacer por el bloqueo preventivo del dinero. Se han recuperado así 2,4 millones de euros.