El caso de los chalés de Llíber acumula ya 16 imputados

La trama urbanística derivada de la construcción de 300 chalés en suelo rústico en Llíber acumula ya un total de 16 imputados. De ellos, tres (el ex alcalde del PP, José Mas, el aparejador municipal y el cabecilla de la red, un constructor) están en prisión. El resto está en libertada provisional. La magistrada instructora, la titular del Juzgado número 3 de Dénia, ha abierto diligencias por los supuestos delitos de cohecho, estafa, contra la ordenación del territorio y prevariación. La investigación sostiene que el ex alcalde Mas autorizó las edificaciones a cambio de regalos y dinero de los promotores.

Los últimos implicados en el caso han sido un notario y dos abogados. Los tres declararon el jueves ante los agentes de la Unidad de Delitos Urbanísticos de la Guardia Civil y quedaron en libertad con cargos. Mientras, la juez interrogó ayer a dos constructores arrestados al inicio de la operación y que la Guardia Civil dejó en libertad por motivos de salud. La magistrada, tras interrogarles, también los dejó en libertad con cargos.

El ex alcalde del PP autorizó las casas ilegales a cambio de regalos y dinero

El primer encarcelado por estos hechos fue el promotor de Xàbia Miguel M. La juez lo envió a prisión el martes como supuesto cabecilla de la trama. Al día siguiente, la magistrada ordenó el encarcelamiento del ex alcalde y el aparejador municipal. En su declaración, el ex regidor rechazó haber recibido ningún regalo, en concreto un Mercedes, de parte de uno de los promotores beneficiado con las ilegales licencias. No obstante, la investigación mantiene que el "cohecho en este caso va más allá de esos regalos".

Aparte de los tres encarcelados, la lista de imputados se completa con cuatro constructores, un notario y dos abogados, la ex secretaria del Ayuntamiento, el actual alcalde, el socialista Juan Bautista Reus, y otros cuatro ediles. La implicación de estos cinco concejales está motivada por participación en los plenos en los que el ex alcalde Mas autorizó las licencias irregulares, entre 1999 y 2003.

El caso, en el que la fiscalía de Medio Ambiente actuó de oficio tras la denuncia de uno de los clientes estafados, no es más que la herencia de la fiebre urbanística que se adueñó de Llíber desde finales de los años noventa, cuando la corporación aprobó una ordenanza que permitía la construcción de chalés en parcelas de 5.000 metros cuadrados. Este resquicio legal provocó un marasmo de operaciones de compraventa de suelo y el desembarco de los promotores de la trama, que pronto vendieron terrenos para edificar.