La pasividad del Consell dejó actuar a la trama urbanística de Llíber

En apenas un lustro, la faz del término municipal de Llíber cambió para siempre. En el mandato comprendido entre 1999 y 2003 el Ayuntamiento presidido entonces por el alcalde del PP José Mas impulsó la construcción de 300 viviendas -la mayoría grandes chalets- que eran ilegales porque se autorizaron en suelo rústico y en parcelas de menos de 10.000 metros cuadrados. El gabinete de Mas y la red de promotoras implicadas pudieron actuar sin ningún control ya que, a pesar de su obligación fiscalizadora, la Consejería de Territorio, gestionada entonces por el fallecido José Ramón García Antón, no intervino en Llíber. Tampoco lo hicieron los posteriores responsables del área, Rafael Blasco y Esteban González Pons, que en octubre de 2006 sí actuó en Catral y retiró la competencia urbanística al Ayuntamiento, presidido por un alcalde socialista. La fiebre urbanística de aquellos años, cuando muchos residentes europeos estaban dispuestos a pagar un alto precio por una casa en entornos rurales, y una ley que daba un poder inusitado a los agentes urbanizadores y, por tanto, a los promotores.

"Querríamos irnos lejos, vender, pero tampoco es posible", lamenta un afectado

De aquellos polvos han venido los lodos de la corrupción urbanística. La Guardia Civil ha desmantelado una trama concebida para hacer posibles aquellas edificaciones ilegales en la que ya hay implicadas 16 personas: el ex alcalde José Mas y su ex aparejador han acabado en la cárcel, así como el cerebro de la red de las promotoras, un constructor de Xàbia. Están imputados los otros cinco ediles que formaban aquella corporación -entre ellos el actual alcalde, el socialista Juan Bautista Reus-, cuatro constructores más, dos abogados, un notario y la ex secretaria municipal.Para los principales implicados en la trama, la titular del juzgado número tres de Dénia ha abierto diligencias por supuestos delitos de estafa a los más de 300 propietarios, la mayoría británicos, que compraron las casas sin saber que eran ilegales; de cohecho, porque la investigación sostiene que el ex alcalde y el ex aparejador habrían recibido regalos y dinero en metálico de las promotoras; de prevaricación, porque se otorgaron licencias para construir las casas a sabiendas de que no se ajustaban a la ley, ya que muchas eran permisos para restaurar ruinas o habilitar almacenes; y contra la ordenación del territorio porque el suelo rústico sufrió una plaga de urbanizaciones.

¿Cómo pudo urdirse una trama de estas características en la que participara el propio Ayuntamiento? Porque nadie lo vigilaba. El Consistorio de Llíber no sólo cayó en la tentación, compartida por otros ayuntamientos, de hacer ingresos fáciles con el urbanismo -entre 2000 y 2005 pasó de 550 habitantes a 930- sino que sus responsables habrían visto una oportunidad de lucrarse. "Fallaron todos los mecanismos de control, se aprovecharon de una ley que daba un poder casi absoluto al agente urbanizador y por si fuera poco hubo algún notario que tampoco dijo nada cuando se escrituraban viviendas en parcelas que no se ajustaban a la ley", señaló el presidente de Abusos Urbanísticos No, Enrique Climent.

La presunta red delictiva actuó sin que nadie la molestara. Los promotores contactaban al cliente, lo traían desde el aeropuerto, le mostraban el idílico paisaje, le vendían el terreno, le preparaban la escritura, le convencían de que todo era legal y obtenían los permisos de edificación del ayuntamiento. También construían y vendían las casas por precios entre 200.000 euros y un millón.

"Estamos convencidos de que Llíber es sólo la punta del iceberg y de que hay otros ayuntamientos que incurrieron en las mismas prácticas", asevera el portavoz de Acció Ecologista-Agró, Joan Sala. Poblaciones como l'Atzúvia o Benitatxell también están en el punto de mira de la justicia.

El alcalde de Llíber dice que, pese a su implicación -la Guardia Civil ha apreciado que votó a favor de algunas licencias propuestas por Mas-, intentó parar aquella práctica al llegar al poder en 2003 y puso a la entrada del pueblo un cartel que en inglés y castellano advertía: "Antes de comprar una parcela, verifique su situación urbanística".

¿Qué hacer con 300 viviendas fuera de ordenación, que no pueden venderse? Expertos jurídicos creen que se avecina un largo y farragoso proceso, y que los propietarios tienen derecho a indemnizaciones, pero deberán reclamar individualmente.

La solución pasa por legalizar el mayor número posible de viviendas, como propone el equipo de gobierno. Pero eso sólo será posible en las casas construidas en suelo no urbanizable común, dado que en este tipo de terrenos "el delito ya ha prescrito, pues han pasado cuatro años desde la construcción de las viviendas". En cambio, los expertos advierten de que las casas en suelo no urbanizable de especial protección no serán legalizables, ya que el delito no prescribe, y deberán ser demolidas.

Edward K. tiene setenta años, nació en Londres y lleva unos quince años en La Marina Alta. Mira primero su casa, que es ilegal, y después el idílico paisaje de Llíber. "No comprendemos qué ha pasado: querríamos irnos lejos, vender, pero tampoco eso es posible", se lamenta. "Hemos visto a gente de ochenta o noventa años llorando en el Ayuntamiento y eso es muy duro"

relata la hija de otros dos afectados.