Libertad provisional para los dos detenidos por la adjudicación de carreteras en Girona

El consejero de Territorio y Sostenibilidad, Lluís Recoder, ha afirmado hoy que las presuntas irregularidades que la justicia esta investigando en la empresa pública GISA han provocado "sorpresa" en la Generalitat y que, de momento, se está a la espera de conocer con exactitud la dimensión del caso. Recoder ha subrayado que la Generalitat está completamente "a disposición" del juzgado que se encarga del caso. Los dos detenidos ayer por la Guardia Civil tras el registro de la sede de Barcelona de la constructora pública GISA, que gestiona la adjudicación de las obras de la Generalitat, han quedado en libertad provisional. Ambos están imputados por un delito de soborno y de alteración de precios de concursos y subastas públicas. Uno de los arrestados es Jordi Vergé, gerente de Carreteras en Girona de esta empresa pública. La fiscalía había solicitado prisión incomunicada.

Las detenciones y el registro culminaron una investigación abierta hace meses en el Juzgado de Instrucción número 5 de Barcelona impulsada por la fiscalía de delitos económicos tras la pista casual que apareció en otro proceso judicial que tramita ese juzgado. Ese proceso se refiere a la adjudicación irregular durante la época de Jordi Pujol de unas obras de construcción de un dique del puerto de la capital catalana en el que las constructoras adjudicatarias supuestamente obtuvieron grandes beneficios al facturar toneladas de materiales que, en realidad, no se emplearon, pero que sí cobraron.

Fuentes de la investigación explicaron que en ese proceso de las obras del dique aparece una conversación telefónica en la que se hace referencia a la adjudicación de carreteras, principalmente en Girona, por parte de la empresa pública GISA. Ese hecho, unido a un anónimo que llegó al juzgado, puso en alerta a la fiscalía y a la juez del caso, que encargó la investigación a la Guardia Civil. Al mismo tiempo, la juez solicitó el pasado mes de noviembre la colaboración de la Oficina Antifraude de Cataluña para que analizara los informes financieros de las constructoras beneficiarias de la adjudicación de esas carreteras en Girona, la mayoría de ellas pequeñas empresas. Las adjudicaciones que están bajo sospecha se realizaron entre los años 2007 y 2010, en la época del tripartito.

Hace tres semanas la Oficina Antifraude entregó esos informes sobre la actividad de las empresas beneficiarias a la unidad de delitos económicos de la Guardia Civil y ayer se decidió registrar la sede de GISA y realizar las detenciones. El caso se encuentra bajo secreto de sumario, aunque sí trascendió que el registro de la en la empresa pública se centró en el contenido del ordenador de Jordi Vergé y que los agentes se llevaron una copia del disco duro.

El Departamento de Economía informó ayer de que el fiscal había solicitado documentación referente al trabajo de la empresa en Girona de 2007 a 2010. Uno de los tres detenidos ayer quedó en libertad a las pocas horas.