La Audiencia de Alicante devuelve al juzgado la pieza del 'caso Brugal' que afecta a Gerardo Camps

La sección décima de la Audiencia Provincial de Alicante ha acordado devolver a juzgado de instrucción las actuaciones que le fueron remitidas de una de las piezas del caso Brugal que afecta al consejero de Economía, Gerardo Camps. El tribunal deja en suspensión el recurso de la fiscalía contra el archivo de la investigación contra Camps porque otras partes afectadas en el proceso no han tenido oportunidad de alegar, ya que las actuaciones eran secretas.

Esta pieza del complejo caso Brugal, centrado en la corrupción relacionada con el negocio de la basura en la comarca alicantina de La Vega Baja y el urbanismo en Alicante, regresa al Juzgado de Instrucción número 2 de la ciudad. La Audiencia esperará a resolver el recurso de la fiscalía para que las partes afectadas puedan presentar alegaciones sobre el auto de archivo de la pieza y el recurso de la fiscalía, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) en una nota.

El Juzgado de Instrucción número 2 de Alicante archivó en noviembre esta parte de la causa que investigaba un presunto tráfico de influencias en los procesos de adjudicación del Palacio de Congresos de Alicante, el Parque Cultural de San Vicente del Raspeig (Alicante), los servicios de mantenimiento de la Ciudad de la Luz y la concesión de un aval de 16 millones de euros al Hércules por parte del Instituto Valenciano de Finanzas, que depende de la consejería que dirige el vicepresidente económico, Gerardo Camps.

La fiscalía de Alicante presentó un recurso parcial al archivo e insistió en indagar sobre dos de las cuatro actuaciones bajo sospecha: la adjudicación del Palacio de Congresos de Alicante y el parque cultural de Sant Vicent del Raspeig. El juez archivó la causa por un posible delito de tráfico de influencias al no observar trato de favor del consejero Gerardo Camps hacia el empresario Enrique Ortiz, uno de los imputados principales de la trama Brugal.

En cuanto a la adjudicación del Palacio de Congresos de Alicante y al parque de Sant Vicent del Raspeig, que son las que el fiscal insta a investigar de nuevo, el juez decidió archivarlos porque en el periodo al que se referían los hechos estas obras no se habían licitado y, a su juicio, no se apreciaba la "debida influencia capaz de interferir" en la adjudicación. En cuanto al contrato de mantenimiento y gestión de la Ciudad de la Luz, el juez consideró que se adjudicó a "una tercera persona, ajena a este proceso". Finalmente, sobre el aval de 16 millones de euros del Instituto Valenciano de Finanzas al Hércules, cuyo accionista mayoritario es Ortiz, el juez apuntó que se había ayudado también a otros clubes deportivos.