Interior ordena repatriar a 17 saharauis que pidieron asilo antes de que la justicia decida si paraliza su expulsión

El Ministerio del Interior ha iniciado los trámites para devolver al Sáhara Occidental a 17 de los 22 saharauis llegados en patera a Fuerteventura el pasado 5 de enero huyendo de la represión marroquí tras el desalojo del campamento de Agdaym Izik. La policía los ha trasladado desde esa isla al Centro de Internamiento de Emigrantes (CIE) de Barranco Seco, en Las Palmas. Su retorno podría producirse esta misma noche o mañana por la mañana a pesar de que la Audiencia Nacional debe aún pronunciarse sobre la paralización de las expulsiones en tanto se estudia el recurso de 15 de ellos contra la inadmisión a trámite de sus solicitudes.

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), cuyos abogados defienden a los saharauis, asegura que la decisión de Interior de devolverlos a El Aaiún vulnera el artículo 22 de la Ley de Asilo, que impide la repatriación de los solicitantes de asilo que hayan recurrido la inadmisión de su petición. Los nombres y apellidos de algunos de ellos ya han sido difundidos por medios de comunicación marroquíes, lo que los podría convertir en objeto de represalias una vez devueltos a su país. Además de solicitar el reexamen de su caso, los letrados pidieron a la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia que paralizara su expulsión como medida cautelar.

Para tratar de impedir la repatriación, CEAR se ha dirigido por carta al Cuerpo Nacional de Policía (el encargado de devolverlos a su país); a la Oficina de Asilo y Refugio, dependiente del Ministerio del Interior; y al número dos del ministerio, el secretario de Estado de Seguridad Antonio Camacho. En principio, el vuelo de vuelta al Sáhara Occidental está previsto que se produzca en un vuelo que sale mañana a las 12.30 de Las Palmas con destino El Aaiún.

Solo cinco solicitudes aceptadas

En total, fueron 22 los saharauis que llegaron a Fuerteventura con el afán de convertirse en refugiados en España el pasado 5 de enero. El Gobierno admitió a trámite las solicitudes de cinco de ellos y rechazó la de los 17 restantes. 15 de estos últimos recurrieron ante la Audiencia Nacional esa decisión y pidieron que se paralizara su expulsión.

El motivo para rechazar las peticiones ha sido en todos los casos, según consta en los expedientes, que las alegaciones eran "contradictorias" e "insuficientes", dos de las razones que recoge la ley. No hay información concreta sobre cada caso. Al solicitante no se le adjunta nunca el informe de la Oficina de Asilo en el que se fundamenta la justificación del rechazo, de forma que hasta que se tramiten los recursos ante la Audiencia Nacional no podrán saber exactamente por qué no se admitió su petición.

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que recomendó la admisión a trámite de las 22 peticiones para que pudieran ser estudiadas en profundidad, también ha mostrado su inquietud por el posible regreso a Marruecos de los solicitantes de asilo. "Nos preocupa la situación de vulnerabilidad y desprotección en que puedan quedar", señalaron la pasada semana en un comunicado. Ocho de ellos tienen en su poder una carta del Frente Polisario en la que se afirma que son efectivamente saharauis y que corren peligro en caso de ser devueltos.