Un ex alcalde de Unió Mallorquina reconoce haber "engordado" el censo electoral para ganar las elecciones

El ex alcalde de la localidad malorquina de Muro, Jaume Perelló, ha reconocido esta mañana que alteró de manera fraudulenta el censo de su localidad meses antes de las elecciones de 1999 para obtener más votos. El juicio por el presunto delito electoral de Perelló, perteneciente a Unió Mallorquina (UM), ha comenzado hoy en la Audiencia provincial de Palma y se prevé que continúe toda esta semana. El ex alcalde está acusado de haber engordado de manera irregular el censo electoral del municipio -de 7.000 habitantes- meses antes de las elecciones locales de 1999, con el objetivo de captar votos afines. La Fiscalía ha accedido a rebajar de cuatro años a uno la pena de prisión que pedía para Perelló, al haber reconocido aquel los hechos por los que se le acusaba. El propio Perelló también ha aceptado la pena.

La maniobra supuestamente delictiva de empadronamientos se centró en el alta y control en el padrón y el censo de una nueva bolsa de un centenar de votantes. La mayoría se dio de baja como residentes de Muro dos meses después de las elecciones del 13 de junio de 1999. La acusación particular que ejerce el Ayuntamiento de Muro reclama tres años de cárcel para el ex primer edil de UM. Tres decenas de testigos aportarán su versión al tribunal.

El fiscal señala que el militante de UM y antiguo alcalde, Jaume Perelló, ayudado por un funcionario de estadística -que falleció en 2005- llevó a cabo diversas actuaciones para que numerosas personas no vecinas de Muro y sin ninguna relación con el municipio se dieran de alta en el censo electoral. Unos coincidían en inscribirse en el mismo domicilio y otros en direcciones que correspondían a garajes o fincas rurales sin vivienda habitada. Algunos aparentaron vivir en casas de familiares del acusado.

Continúan las declaraciones por el caso Cloaca

La actividad judical en Mallorca por casos de corrupción no se centra únicamente en Muro. Esta mañana Catalina Julve, la número dos de UM, imputada en el caso Cloaca que investiga la posible corrupción en la gestión del servicio de recogida de basura en varios pueblos de Mallorca desde 2005, ha presatdo declaración en el juzgado de instrucción número 9 de Palma.

El juez que instruye la causa, Enrique Morell, ha decretado su libertad sin fianza pero con la obligación de presentarse cada 15 días. Se trata de una medida cautelar que puede condicionar la vida política de la que fue consellera de Medio Ambiente en el Consell de Mallorca durante la pasada legislatura, cuando se cometieron los supuestos delitos que ahora se investigan.