VICENTE GONZÁLEZ MOTA | Fiscal coordinador de asuntos de terrorismo | Audiencia Nacional

La Fiscalía del Estado asegura que no admite "ninguna clase de injerencia externa"

El fiscal González Mota: "La fiscalía ha pedido la detención de los agentes de los vuelos de la CIA. Esa es su verdadera posición en este caso".- Jueces para la Democracia: "Sería conveniente que el Gobierno diera alguna explicación".- Los abogados que sostienen acusaciones contra estadounidenses se plantean acciones penales

La Fiscalía General del Estado ha defendido hoy la "estrecha y fructífera relación de cooperación" con la Fiscalía de los Estados Unidos, pero ha asegurado que su postura en cada causa judicial se basa en "criterios estrictamente jurídicos, sin admitir ninguna clase de injerencia externa". La nota difundida por la fiscalía responde a la información de EL PAÍS de que Estados Unidos presionó al Gobierno español y a jueces y fiscales de la Audiencia Nacional para "frenar o boicotear" las causas abiertas en ese tribunal contra políticos y militares norteamericanos, según documentos del Departamento de Estado.

El responsable de los casos de terrorismo de la Audiencia Nacional, Vicente González Mota, está sorprendido de la visión que dan sobre él los cables enviados desde la Embajada de EE UU en España al departamento de Estado revelados por Wikileaks respecto al caso de los vuelos de la CIA. En uno de los telegramas se asegura que Mota informó en enero de 2007 al agregado jurídico de la embajada estadounidense de que no se opondría a la desclasificación de los documentos del CNI sobre los vuelos porque estaba convencido de que no había nada "incriminatorio".

El fiscal, sin embargo, desmiente que conociera de antemano el contenido de esos informes secretos, como sugiere el cable. "La información asegura que yo informé al agregado jurídico en enero de 2007, pero mi informe a favor de la desclasificación de los papeles es anterior, de 26 de diciembre de 2006". Mota asegura que esa comunicación a EE UU no se facilitó con antelación, como afirma el telegrama. "En enero de 2007 ya se había presentado nuestra petición en el juzgado de Ismael Moreno y se había distribuido a los medios. El 29 de diciembre ya apareció publicado", continúa.

Mota insiste en que, en este caso, como en los demás, la actuación de la fiscalía fue similar a la del resto de casos relevantes que se siguen en la Audiencia. "Fijamos nuestra posición ante los tribunales y luego informamos a las partes y a la opinión pública". "Pedimos los informes no porque supiéramos que no había nada incriminatorio sino porque no queríamos que ninguna información sobre el caso se ocultara al juzgado, tal y como sostuvimos en el escrito del 26 de noviembre. Era una cuestión de transparencia". "Solo conocí su contenido meses después, cuando el juzgado me los facilitó", afirma.

Por eso, se muestra sorprendido de que los telegramas del departamento de Estado no muestren la verdadera posición de la fiscalía. "Meses después yo mismo solicité al juez la detención de los agentes de la CIA implicados en los vuelos que participaron en ellos con identidades falsas. Nos apoyamos en la información que facilitó la ONG británica Reprieve sobre ellos", recuerda Mota. "Esa es la verdadera posición de la fiscalía en este caso".

Mota asegura también que ni la fiscalía ni él "son los representantes de los intereses norteamericanos en la Audiencia". "Solo informamos a la fiscalía estadounidense en virtud de un protocolo conjunto, de conformidad con la ley española y siempre con absoluto respeto al secreto de sumario", insiste. "Tenemos un equipo conjunto de temas de terrorismo. Uno de los puntos de ese protocolo establece el intercambio de información sobre procedimientos. Yo soy la persona de contacto entre las dos fiscalías en este equipo".

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Jueces para la Democracia pide explicaciones

La asociación Jueces para la Democracia (JpD) ve "muy grave" que, según apuntan los documentos difundidos por EL PAÍS y filtrados por Wikileaks, el Gobierno español presionara a los fiscales para que se opusieran a causas judiciales contra EEUU, como la que se refiere a la muerte en Iraq del cámara de Telecinco José Couso.

José Luis Ramírez, portavoz de JpD, ha asegurado que sería "conveniente que el Gobierno diera alguna explicación a la opinión pública por razones de transparencia".

No obstante, ha señalado que hay que valorar este asunto "desde la prudencia", puesto que "se trata de documentación que refleja la posición de una parte y se desconoce, a fecha de hoy, si se han publicado todos los documentos relacionados con el tema".

Sin embargo, ha añadido que si se confirmara la autenticidad de lo sería algo "muy grave y criticable que desde el Gobierno se maniobrara para frenar investigaciones criminales en la Audiencia Nacional o en cualquier otro tribunal".

Ramírez ha destacado que también es negativo "que la Fiscalía tuviera que plegarse a exigencias de otros estados, en este caso de EE UU". "No es admisible en un Estado de derecho", ha señalado, "anteponer intereses de carácter comercial o de carácter puramente político a la defensa de los derechos humanos".

Los letrados que sostienen acusaciones contra estadounidenses se plantean acciones penales

"Vergüenza nacional", para algunos. "Intento de EE UU de fagocitar procesos judiciales en España", para otros. Los abogados de los tres casos abiertos en la Audiencia Nacional contra militares y cargos estadounidenses consideran que los cables sobre la actuación de la fiscalía en esos casos demuestra "una conspiración de toda la Administración para acabar con las causas".

Los abogados del caso Couso y los de las torturas de Guantánamo tienen previsto reunirse mañana para decidir si entablan acciones penales o disciplinarias contra los miembros de la fiscalía señalados por los papeles de Wikileaks.

Estas son las principales reacciones de los letrados:

Enrique de Santiago (abogado de los familiares en el caso Couso, del caso de los vuelos de la CIA y del caso Guantánamo): "Es una vergüenza nacional. Los papeles demuestran que toda la Administración española estaba trabajando para acaba con los casos, que la Fiscalía se ha olvidado de su principal deber que es perseguir a los criminales". Según ha asegurado a EL PAÍS uno de los abogados personados en las tres casusas abiertas en la Audiencia contra EE UU, están estudiando si se puede llevar a cabo algún tipo de acción penal contra los fiscales citados en los papeles o alguna queja de tipo disciplinario.

"Las revelaciones de los cables demuestran una colaboración con una potencia extranjera, así como la divulgación de secretos. También un servilismo total a los intereses de EE UU", ha asegurado De Santiago, que encuentra "correlación entre las comunicaciones con la Embajada y la presentación de recursos". Más allá de la fiscalía, al abogado le preocupa que la ex vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, tenga que dar explicaciones del estrecho seguimiento del caso que se revela en los cables.

Precisamente, el hermano de José Couso ha acusado hoy al Ejecutivo de doble moral.

Endika Zulueta (caso vuelos de la CIA): "No me extraña. Si es verdad que desarrollan esta actividad [comunicación con EE UU], podría tener consecuencias penales". Para el abogado, las revelaciones de los telegramas "constatan que no existe separación de poderes. Los fiscales no solo deben ser honrados, sino que deben parecerlo". Zuluete se muestra sorprendido de que los cables revelen que se conoce "el contenido secreto de documentos del CNI que no conoce el resto de las partes"

Manuel Ollé (caso vuelos de la CIA y Guantánamo): "EE UU ha intentado ingerir varios procesos judiciales españoles".

Leopoldo Torres (caso Couso): "Es una obscenidad. Procesalmente no se puede hacer nada salvo verificar con satisfacción moral lo que ya se conocía". El letrado ha recordado que el Tribunal Supremo ha ordenado a la Audiencia Nacional reabrir el caso en dos ocasiones a pesar de la oposición del fiscal. En opinión de Torres, "la fiscalía coincide con el Gobierno de EE UU. Defiende más sus intereses que los de ciudadanos españoles".

Antonio Segura (caso Guatánamo): "No me sorprende. Si es cierto lo que cuentan los cables, se trata de un delito. El fiscal general del Estado ya dijo en un desayuno que nuestra querella sobre Guantánamo era fraudulenta. Hoy nos enteramos de que el Conde-Pumpido estaba prometiendo a un embajador que el caso no llegaría a ninguna parte. Si hay algún tipo de fraude es el de la fiscalía. Menos mal que existe la acusación particular y la popular, si no estos casos estarían archivados".

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