El juez abre una tercera causa de Gürtel en Castilla y León

La trama Gürtel se ha extendido definitivamente a una tercera comunidad. Tras salir decenas de imputados en Madrid y Valencia, el juez que investiga esta red corrupta, Antonio Pedreira, ha dictado un auto en el que se inhibe de una parte de la trama a favor del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León por entender que hay indicios de que el presidente de las Cortes castellano-leonesas, José Manuel Fernández Santiago, ha podido cometer delitos de "prevaricación y cohecho" en la adjudicación de la variante de Olleros de Alba.

Pedreira considera en el auto que Fernández Santiago recibió en 2003, cuando era consejero de Fomento, un total de 39.000 euros de comisión por haber adjudicado "irregularmente" a la firma leonesa Teconsa, vinculada a la trama Gürtel que dirigía Francisco Correa, la construcción de la citada variante. Según el auto, esta adjudicación se hizo saltándose el procedimiento y quebrantando los principios de "publicidad, concurrencia y transparencia".

Teconsa, según el juez, pagó una comisión del 3% del montante de la obra en comisiones ilegales, en concreto, 96.100 euros. Esta comisión se encargó de repartirla Correa y parte del dinero, 39.000 euros, acabaron en las manos de Fernández Santiago, identificado con el sobrenombre de "TOTI" en la caja B de las empresas de Correa; del ex eurodiputado del PP Gerardo Galeote, quien recibió 26.400 euros; del ex diputado popular por Segovia Jesús Merino, que obtuvo 18.600 euros, y del ex tesorero nacional del PP Luis Bárcenas, que supuestamente se llevó la misma cantidad. Correa, por su lado, se llevó un pellizco de 17.500 euros, según resolución de Pedreira.

El juez ha llegado a esta conclusión tras analizar la contabilidad B de Correa en la que figuran las iniciales, y en algunos casos hasta los apellidos, de los destinatarios de esa comisión.

El juez remitirá en los próximos días todas las diligencias que ha instruido sobre Olleros de Alba al alto tribunal castellanoleonés, dada la condición de aforado de Fernández Santiago. A Bárcenas, Galeote y Merino, que se hallan imputados por otros motivos en las diligencias de Pedreira, se les abre ahora, pues, un nuevo frente judicial en el Tribunal Superior de Castilla y León. Aunque la policía, admitiendo que solo eran sospechas y que las pruebas eran endebles, ha apuntado en algunos informes la supuesta implicación en la trama Gürtel de Silvia Clemente, actual consejera de Agricultura del Gobierno de Castilla y León, el juez Pedreira considera que no hay ninguna prueba que permita deducir su participación en los hechos.

De las tres adjudicaciones sospechosas descubiertas en esta comunidad, Pedreira entiende que solo hay indicios de criminalidad en la referida a la citada variante de Olleros de Alba.

La fiscalía Anticorrupción pidió la semana pasada al juez Pedreira que desglosara las diligencias que afectan a TOTI y se inhibiera a favor del Tribunal Superior de Castilla y León que afecta a Fernández Santiago, para que el presidente de las Cortes, que es aforado, sea investigado allí. Teconsa, una constructora leonesa que mantenía fuertes vínculos con Correa, cabecilla de la trama, aparece como beneficiaria de numerosas operaciones irregulares en Gobiernos del PP de varias comunidades, entre ellas Valencia y Castilla y León. En valencia fue adjudicataria de las instalaciones acústicas y de vídeo de la visita del Papa a Valencia.

El contrato fue para Teconsa por siete millones de euros, si bien esta empresa, sin ninguna experiencia en este cometido, subcontrató todos los trabajos por menos de la mitad de ese dinero con otras firmas especializadas. Los cuatro millones restantes los repartió con la trama corrupta, según la documentación requisada en las sedes de las empresas de la red Gürtel. Otros informes que consta en el sumario revelan que Teconsa recibió entre los años 2000 y 2009 hasta 23 adjudicaciones del Gobierno de Castilla y León. Un análisis de la Agencia Tributaria sobre las actividades económicas de Teconsa acredita que esta empresa realizó movimientos de dinero en efectivo con billetes de 500 euros por un total de 5,5 millones en 2004; 242.000 euros en 2005; 893.000 en 2006 y 202.000 en 2007.