Los vecinos de El Cabanyal llevan al Defensor del Pueblo la denegación de licencias en el barrio

La negativa del Ayuntamiento de Valencia a conceder licencias de obra y de actividad en el barrio marinero de El Cabanyal ha llegado al Defensor del Pueblo. La asociación de vecinos ha presentado una queja a la institución, que ha respondido que estudiará el asunto y les informará "puntualmente" de la tramitación de su caso. La orden del Gobierno de paralizar el plan urbanístico del PP para evitar un expolio del patrimonio histórico con el derribo de más de 450 casas ha servido al Consistorio para rechazar cualquier intervención en el barrio, aunque sea para pintar una fachada. La decisión, de la que el gobierno local dirigido por Rita Barberá culpa al Ejecutivo, ha levantado las protestas de los vecinos y de los comerciantes de la zona, que también se han dirigido al Ayuntamiento para pedir que permita actuar en el barrio. Argumentan los afectados que un informe de la Abogacía del Estado especifica que la suspensión del plan de prolongar la avenida de Blasco Ibáñez a través de El Cabanyal, ratificada por el Tribunal Constitucional mientras analiza varios recursos, no implica la paralización de cualquier iniciativa de mejora en el barrio, sino solo de las intervenciones que puedan dañar el patrimonio artístico e histórico que se pretende proteger.

Así lo defienden de nuevo los vecinos ante el Defensor del Pueblo -cargo que ocupa actualmente de forma interina María Luisa Cava de Llano-, al que piden que inste al Ayuntamiento de Valencia a "desbloquear" la concesión de licencias siempre que no impliquen daño al patrimonio, ya que en su opinión eso "permitiría recuperar un escenario de normalidad, que propiciaría la necesaria reactivación social y económica" del barrio. La asociación vecinal denuncia, además, la intención del Consistorio de destinar 7,5 millones de euros a comprar casas en la zona de prolongación de la avenida, un dinero con el que "se podrían rehabilitar más de 500 viviendas".

Por su parte, la Asociación de Comerciantes, Industriales y Profesionales del Marítim (Acipmar), se entrevistó la semana pasada con los concejales de Urbanismo y de Ordenación Urbana para exponerles su petición de que se levante la suspensión generalizada de licencias, como ya hicieron en varios escritos. Según los comerciantes, el Ayuntamiento ha argumentado de nuevo que está predispuesto a conceder licencias, pero que se lo impide la orden del Gobierno de parar el plan urbanístico. Acipmar se dirigirá de nuevo por el mismo asunto al Ministerio de Cultura. En un comunicado, afirma que espera que "con urgencia" se pueda dar solución a este problema y el resto de conflictos que afectan al barrio, que "a pesar de tener unas grandes expectativas de futuro, puede por la actuación de unos y de otros quedar al margen de toda evolución social y económica".