El TSJ valenciano rechaza paralizar el plan Rabassa de Alicante

No hay motivos para mantener la suspensión cautelar del plan Rabassa de Alicante. Así lo ve la sección primera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV), que ha rechazado el recurso presentado por la Plataforma de Iniciativas Ciudadanas (PIC), y mantiene que el proyecto ofrece "garantías de cumplir con los estándares urbanísticos y medioambientales".

La Generalitat valenciana aprobó definitivamente el plan en mayo de 2009, pero la Delegación del Gobierno recurrió la decisión al considerar que no había garantías de suministro hídrico a los futuros vecinos de las más de 13.500 viviendas previstas. La petición de suspensión cautelar fue apoyada por el TSJ valenciano en diciembre de 2009, pero levantada posteriormente.

El PAI de Rabassa lo impulsa el empresario Enrique Ortiz, implicado en el caso Brugal. En la investigación constan varias gestiones del empresario para intentar agilizarlo con políticos de Alicante, entre ellos, el ex alcalde de la ciudad Luis Díaz Alperi. El proyecto prevé crear una gran urbanización con 13.503 viviendas, además de los usos terciarios.

En julio de este año, el TSJCV acordó levantar la suspensión cautelar sobre este PAI, y la PIC presentó un recurso que ahora se rechaza, argumentando para ello los mismos fundamentos a favor de este planeamiento urbanístico. El TSJCV remarca en el auto que la Generalitat y las empresas recurrentes manejan unas previsiones de consumo de agua de 1,9 hectómetros cúbicos para el Plan Rabassa, frente a los 5,5 que calcula la Confederación Hidrográfica del Júcar.

Para la Sala, "el informe de la empresa es más ajustado", e incluso destaca que el Ministerio de Medio Ambiente ha iniciado la ejecución de las desaladoras en los municipios alicantinos de Torrevieja y Mutxamel. Por ello, remarca el auto, "los datos que aporta la parte recurrente no sólo no han sido desvirtuados por la CHJ sino de alguna forma avalados por la Delegación del Gobierno en la Mancomunidad del Taibilla", que suministra agua potable a Alicante. En cuanto al régimen de corrientes de la zona, la sala entiende que los terrenos no están afectados por riesgo de inundación, tal y como contempla el Patricova (Plan Territorial de Riesgos de Inundación de la Comunitat Valenciana), y para las aguas pluviales está previsto una red separada que vierte a los colectores en la ciudad y que dispone de "capacidad suficiente".

El PAI prevé verter las aguas residuales a la depuradora en construcción 'Alicante sur', financiado por el propio sector, y cuya finalización está fijada para 2011. El auto estima que esta obra "no es un puro futurible, sino que se trata de una depurada en construcción, avanzada y con viabilidad". Respecto al incremento de población que supondrá la creación de esta macro urbanización, la sala estima que la nueva zona residencial acogerá a unos 28.000 habitantes, "lejos de los 40.000 que se calcularon por la Sala en el auto recurrido", y además recuerda que el Plan General de Ordenación Urbana ya está en trámite y contempla destinar más de 8.000 de las viviendas a promoción pública.