El TSJ estima sostenible el plan Rabassa sin prejuzgar el fondo

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) cree que, en términos globales, el plan Rabassa (programa urbanístico con 13.503 casas al norte de la periferia de Alicante) es sostenible. La aseveración se incluye en el auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo dictado el pasado día uno que levanta la suspensión cautelar al Programa de Actuación Integral (PAI) a raíz de un recurso de apelación presentado por el Consell y el promotor del proyecto, el contratista Enrique Ortiz. "Se llega a la conclusión, sin prejuzgar el fondo, que ofrece [el PAI] garantías de cumplir con los estándares urbanísticos y medioambientales", recoge textualmente el auto. La resolución cuenta con el voto particular del magistrado ponente que opina lo contrario.

Esta resolución del tribunal corrige otra de la misma sala dictada el 9 de diciembre de 2009 que acordaba la suspensión cautelar del PAI a instancias de un recurso de la Delegación del Gobierno de la Comunidad Valenciana. En este primer auto, el tribunal antepuso la protección al desarrollismo. En esa resolución la sala señaló que "no es aceptable" una reclasificación de suelo -4,1 millones de metros- como plantea el PAI al margen del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).Al margen de su tramitación fuera del PGOU de Alicante, el primer caballo de batalla sobre la sostenibilidad del plan Rabassa ha sido el agua. El PAI se ha tramitado con un informe desfavorable de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). En su lugar el promotor ha incluido informes de una entidad colaboradora (Aguas Municipalizadas de Alicante) que sí justifica la garantía de recursos hídricos.

En el auto de suspensión cautelar, el TSJ rechazó los informes de la entidad colaborada y concluyó que no estaba "especificado ni determinado" cómo se iban a obtener los 5,5 hectómetros que la futura urbanización consumiría al año. Ahora, en el auto de levantamiento de la suspensión, la sala sí da por bueno el informe de la entidad colaborada que ha rebajado el consumo hasta 1,9 hectómetros cúbicos al año. El grueso de esos caudales procederá de la futura desaladora de Mutxamel.

El levantamiento del veto cautelar al plan Rabassa fue acogido con euforia por el promotor: "Inmejorable, y a partir de ahora, a toda máquina", afirmó el empresario Enrique Ortiz. El promotor señaló que de inmediato se retomarán los trámites de los expedientes (en primer lugar el proyecto de reparcelación) y que en plazo de un año comenzarán las obras de las primera casas sociales. "En un año comenzarán las obras de las primeras 800 viviendas protegidas [el plan prevé 8.000 casas de esas características] porque se hará en paralelo a las obras de urbanización. El arranque del plan supondrá 3.000 puestos de trabajo directos", explicó.

El Ayuntamiento, a través del concejal delegado de Urbanismo, Alfonso Mendoza, coincidió con el empresario en el apartado de los plazos par el inicio de las obras. "El levantamiento de la suspensión supone que pueden activar todos los expedientes", dijo. Mendoza señaló que el auto no afecta a la intención del Consistorio de instalar en el PAI la tienda de Ikea, una apuesta personal de la alcaldesa, Sonia Castedo, del PP. No obstante, la resolución sí deja el camino expedito a los planes de la regidora.

La decisión del TSJ fue encajada con moderación por parte del portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento, Roque Moreno. Este recordó que el plan Rabassa aún puede ser suspendido porque quedan pendientes más recursos, entre ellos los del PSPV que considera que "el crecimiento urbano que propicia el plan no está justificado".

Mientras, la Plataforma Iniciativa Ciudadanas (PIC), que abanderó el rechazo cívico contra el macroproyecto, aseguró en una nota, y a expensas de conocer el auto, "que el levantamiento de la suspensión cautelar no sería una buena noticia, pero tampoco decisiva para sus pretensiones contra el plan".