El Constitucional ordena a un juzgado investigar las presuntas torturas a una etarra

El Tribunal Constitucional ha anulado el sobreseimiento de una denuncia por torturas formulada por Sara Majarnas Ibarreta, detenida en Valencia en una redada policial contra miembros de la banda terrorista ETA, y ha ordenado la reapertura de las investigaciones al apreciar la omisión de medios de prueba que vulneraron el derecho a la tutela judicial efectiva.

Sara Majarenas fue detenida en Valencia el 17 de febrero de 2005 y horas después, fue conducida al Hospital Universitario donde se le diagnosticó un "mareo específico" y "posible ansiedad". Ocho horas más tarde fue reconocida por un forense del juzgado que reflejó en su informe que la detenida decía que se encontraba bien, que no tenía lesiones ni dolor, pero que "estaba cansada y le habían pegado en la cabeza".

A principios de abril, Majarenas puso una denuncia en la que relató que había sufrido malos tratos en las dependencias policiales de Valencia y Madrid, consistentes en haberle "apretado las esposas excesivamente, haber recibido empujones en la cabeza, tirones de los pelos, amenazas, golpes y puñetazos por el cuerpo".

La denuncia correspondió a un juzgado de Valencia, que consideró que estaba orientada a "minar la labor que día a día realizan los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado". La Audiencia de Valencia confirmó después la decisión del juez, sin necesidad de realizar más actuaciones que las solicitadas por el juez: las propias manifestaciones de la denunciante y el parte médico que negaba los hechos de la denuncia.

El Constitucional, en una sentencia de la que ha sido ponente el magistrado Javier Delgado Barrio, expone que las denuncias presentan la suficiente gravedad como para ser investigadas y no considera "razonable" deducir una falta de objetividad de la denuncia por el hecho de que transcurrieran dos meses hasta que se presentó.

El ponente añade que el hecho de que los informes médicos no reflejaran las posibles lesiones sufridas no resulta un argumento concluyente y "carece de la fuerza suficiente para despejar toda sospecha". Y tampoco se ajustan a la realidad las afirmaciones del juez y de la Audiencia de que la presunta etarra no informó al forense de los malos tratos, ya que dijo que "le habían pegado en la cabeza".

El Constitucional concluye que "no se ha colmado la exigencia de una investigación eficaz que impone el derecho a la integridad física y moral y a no sufrir tratos inhumanos o degradantes", puesto que no se practicó ninguna de las diligencias solicitadas en la denuncia.

En definitiva, el Constitucional otorga el amparo a Majarenas y ordena que el juzgado investigue la denuncia sobre el maltrato policial denunciado.