Cuatro empresarios imputados en la 'trama de Unió' reconocen haber hecho facturas falsas

Varios empresarios imputados en la presunta trama de Unió Democrática de Catalunya (UDC) han reconocido hoy haber realizado facturación por servicios no realizados al grupo de empresas IMS, según fuentes judiciales.

De los cinco administradores citados a declarar ante el titular del Juzgado de Instrucción número 21, que investiga el caso, uno de ellos, Eduardo R. G., se ha acogido a su derecho a no declarar, mientras que los otros cuatro, Antonio M. B., Maria Luisa Z. P., Jesús G. P. y Andrés D. P. han explicado que aceptaron la facturación falsa.

Según el escrito del fiscal, en el periodo comprendido entre 2004 y 2006, se emitieron por parte del grupo de empresas IMS facturas que "no correspondían a ningún servicio" por valor de más de 1,78 millones de euros. Solo en una pequeña parte de estas facturas se ha podido acreditar una efectiva contraprestación.

En la querella el fiscal asegura que estas personas "se brindaron a figurar como administradores ficticios o testaferros de las empresas, colaborando, por lo tanto, en la trama de elaboración de la 'pelota' financiera".

Los cabezillas se negaron a declarar

Los ex vocales de la Fundació Catalunya i Territori Juan Albert López -que también ocupó el cargo de tesorero- y Miquel Ángel Cortés, considerados los cabecillas de la trama, se acogieron el pasado día 15 de octubre a su derecho a no declarar como principales imputados por las presuntas irregularidades en la gestión de la fundación, vinculada a UDC.

El presidente de la fundación, Josep Boqué, citado para el mismo día, no acudió a declarar, porque no había sido localizado en la citación, según fuentes judiciales. Otro de los imputados, Santiago Conesa, administador de una de las empresas imputadas, tampoco acudió por problemas en su citación.

La Fiscalía presentó una querella en julio -que fue admitida a trámite poco después- contra 15 personas, a las que acusa de delitos de apropiación indebida, administración desleal, falsificación y estafa. Muchos de los querellados están vinculados al mismo tiempo a la fundación y al grupo de empresas IMS.

La Fiscalía también apunta a un supuesto fraude de cinco millones de euros a distintos bancos cometido hasta 2008 por parte de los entonces altos cargos de la Fundació que solicitaban financiación para su grupo empresarial -IMS- mediante documentación falsa.

Los cinco millones defraudados a entidades bancarias los conseguían los querellados utilizando dos niveles de grupos de empresas: el primero solicitaba a los bancos líneas de descuento para hacer frente a facturas -que resultaban ser falsas- y que debían abonar las sociedades del segundo nivel. Los descubiertos se iban tapando gracias a nuevos créditos, y así hasta crear una pelota financiera que concluyó en un concurso de acreedores.

Para el fiscal, el concurso de acreedores "evidencia la maniobra absoluamente fraudulenta" ya que apenas existen en dichos concursos de las diferentes empresas del grupo otros acreedores que no sean las propias entidades financieras.

Alquiler de cinco locales a UDC

El fiscal observa indicios de un delito de administración desleal en el alquiler de cinco locales propiedad de la Fundació a UDC, desde 2002, ya que desde 2005 la fundación no percibió ningún alquiler de parte del partido, además de su posterior venta de estos locales "por un precio sensiblemente inferior al de mercado".

Para la Fiscalía, resulta "razonable" que debido a la "afinidad ideológica y los vínculos estrechos entre fundación y partido", la disposición de bienes de una a favor de la otra no se produzca necesariamente a precios de mercado, pero "una cosa es no obtener beneficios en la transmisión o procurar al comprador un precio ventajoso, y otra diferente es consentir el impago del alquiler durante más de cuatro años o vender cuatro inmuebles por poco más del valor catastral".

El fiscal puntualiza que en el caso de que la instrucción judicial acredite los hechos expuestos en la querella, UDC podría resultar afectada como beneficiario a título lucrativo tanto por el pago de sus servicios por parte del grupo IMS como por la obtención de locales.