Las víctimas de ETA buscan una postura común sobre la situación de los presos

Las asociaciones de víctimas de ETA han decidido unir sus voces, en ocasiones dispares, para tener más fuerza. Ayer se reunieron en Madrid, convocados por la Fundación de Víctimas del Terrorismo y por primera vez tras los últimos comunicados de la banda informando del cese de sus "acciones armadas ofensivas", para fijar una postura común en torno a distintas cuestiones relacionadas con un hipotético fin de la violencia, entre ellas, la política penitenciaria del Gobierno y la concesión de prisiones atenuadas a internos disidentes de la banda terrorista que han abandonado la violencia.

Las víctimas prevén poder cerrar en breve un documento conjunto. "Aún no hay fecha pero no vamos a dejar pasar mucho tiempo", señala uno de los asistentes a la reunión, celebrada a puerta cerrada. "Es importante que tengamos una única voz y para eso hay que buscar líneas de consenso aunque sea haciendo un documento de mínimos".

Dentro de las asociaciones hay sensibilidades distintas. Por ejemplo, en torno a la aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario, el que permite que presos que se encuentran en segundo grado -y por lo tanto sin posibilidad de salir de la cárcel- puedan acudir cada día a estudiar o trabajar.

Maite Pagazaurtundua, hermana del jefe de la policía municipal de Andoain asesinado en 2003 y presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo que convocó ayer a las asociaciones, declaró hace dos meses a este periódico que, si llegado el momento el terrorista que mató a su hermano Joseba se arrepintiera, estaba dispuesta a "perdonar", a "aceptar su reinserción". Aunque con condiciones. "Ha de colaborar activamente en acabar con ETA y su mundo de violencia. Eso es irrenunciable", expresó en agosto.

La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), se ha mostrado mucho más beligerante con la posibilidad de conceder a los presos de ETA, aunque hayan abandonado a la banda, nada que pueda entenderse como beneficio penitenciario o flexibilización de su régimen carcelario. Han creado incluso una comisión de seguimiento de la política penitenciaria del Gobierno en la que planteaban pedir una modificación del artículo 100.2 para limitar su aplicación.

Las víctimas tendrán que encontrar un espacio de acuerdo. "Ayer estuvimos, sobre todo, recopilando información", señala un asistente, que explica que también van a pedir tener acceso a más datos sobre la situación judicial y penitenciaria de los presos. "Algunas familias se siguen enterando por los medios si el delito por