La fiscalía perseguirá las irregularidades en los centros de reconocimiento de conductores

Alrededor del 5% de estos establecimientos actúa "de manera ilícita", según la asociación mayoritaria del sector

La Fiscalía General del Estado ha dado instrucciones a la Policía Judicial para que investigue los centros de reconocimiento médico de conductores que actúan de forma irregular. Según el fiscal de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas, se abrirá una investigación "en profundidad" de forma "inminente" para detectar los casos en los que se falsifican los informes médicos, en los que no se realiza reconocimiento médico alguno, o donde se certifican unas aptitudes sin tener en cuenta lo establecido legalmente.

"Hay una cifra negra, difícil de determinar, de accidentes y delitos cometidos por personas con enfermedades impeditivas o con permiso de conducción expedido o renovado sin tener las facultades mínimas para la conducción", señala la Memoria de 2010 de la Fiscalía de la Seguridad Vial, que hoy ha presentado Vargas. Según el fiscal, aunque la mayor parte de los profesionales ejercen su trabajo de forma "ejemplar", existe un número de lo que ha denominado "centros clandestinos", es decir, que "no tienen los facultativos exigidos por la ley", que "carecen de los instrumentos adecuados", o que expiden certificados médicos solo por dinero.

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La Fiscalía de Seguridad Vial impulsará "la vía penal" contra este tipo de actividades delictivas para impedir que los conductores "que ponen en grave riesgo la seguridad vial" estén en las carreteras. "Estamos ante casos de falsedad documental" castigados con penas de entre tres meses y seis años de cárcel y multas de seis a 12 meses, ha asegurado Vargas, que ha prometido intentar acabar con "la picaresca y la impunidad". El fiscal ha recordado que parte de los ciudadanos son responsables de esta problemática por elegir, de manera consciente, centros a la carta.

La Dirección General de Tráfico (DGT) comunicará al fiscal los casos más graves detectados. Vargas no ha querido cuantificar los casos que se pueden estar produciendo, pero sí ha avanzado que es un "porcentaje creciente". Junto al fiscal ha comparecido ante la prensa, en Madrid, José Ignacio Landaluce, presidente de la Asociación Española de Centros Médico-Psicotécnicos (Asecemp), que ha revelado que ese porcentaje puede estar en torno al 5%. En España hay unos 2.000 centros encargados de valorar los aptitudes para ponerse al volante.

Hace solo unos meses el Gobierno aprobó el reglamento de estos establecimientos, que reforzaba las medidas para evitar regularidades. Entre las novedades que presentaba el texto está la obligación de los centro de transmitir telemáticamente todos los datos a la Dirección General de Tráfico, que incrementará también el control y la inspección a estos centros.

El papel de los médicos

Vargas ha recordado que el carné de conducir no solo puede perder su vigencia por la pérdida de puntos sino también cuando se constata la pérdida de conocimientos, habilidades y aptitudes psicofísicas. Por ello, la Fiscalía de Seguridad Vial ha propuesto un protocolo para que los médicos contribuyan a impedir que los conductores incapacitados se pongan al volante.

De acuerdo con este protocolo, basado en un principio de proporcionalidad, cuando los facultativos tengan conocimiento de la inminente "comisión de un delito de tráfico", deberán intentar resolverlo con el tratamiento terapéutico con el paciente. En caso de que no dé resultado, podrán ponerlo en conocimiento de los familiares y, en última instancia, acudir a las autoridades administrativas y judiciales.

Nuevo baremo de indemnizaciones

La Fiscalía de Seguridad Vial ha hecho también una serie de recomendaciones para modificar la compensación económica que perciben las víctimas de tráfico por parte de las aseguradoras. Según la fiscal Elena Agüero, "es un baremo muy rígido" que data del año 1995 y que ha quedado desfasado con respecto a los baremos que se manejan en Europa.

Agüero ha apostado por elaborar un baremo más abierto que incluya cláusulas para "recoger circunstancias que ahora quedan fuera y que no son indemnizadas". En concreto, la fiscal ha aludido cualquier tratamiento o asistencia hospitalaria, médica o farmacéutica posterior a la consolidación de las secuelas.

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