La Abogacía del Estado avala que se den licencias de obra en El Cabanyal

La Abogacía del Estado ha emitido un informe en el que mantiene que la suspensión del Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) del barrio de El Cabanyal de Valencia "no implica la necesaria e indiscriminada denegación de concesión de licencias municipales de cualquier tipo, sobre cualquier bien" en la zona, en contra de lo que argumenta el Ayuntamiento de Valencia. El gobierno local de Rita Barberá sostiene que la suspensión del plan, pendiente de que el Tribunal Constitucional analice los recursos contra la orden del Gobierno de parar el proyecto por posible expolio del patrimonio, impide dar licencias de obras o actividad en todo el ámbito afectado.

El texto de la Abogacía del Estado, fechado el 15 de septiembre y difundido hoy por la asociación de vecinos de El Cabanyal y la plataforma Salvem El Cabanyal, afirma que "habría que analizar cada clase de licencia solicitada, comprobar la calificación jurídica del inmueble concreto, estudiar el tipo de intervención propuesta y analizar el impacto del PEPRI sobre las mismas, y solo posteriormente conceder y denegar aquellas". La suspensión del plan, añade, "debe limitarse a aquellos aspectos que supongan expolio" del patrimonio histórico en los términos de la orden del Ministerio de Cultura, que en enero pasado ordenó al Ayuntamiento de Valencia parar la ejecución del proyecto porque implica el derribo de más de 450 casas de la trama histórica del barrio.

El informe se ha realizado a petición de la Secretaria General Técnica del Ministerio de Cultura, después de que se conociera la decisión del Consistorio valenciano de suspender diversas licencias de obra y actividades económicas solicitadas por vecinos sobre inmuebles situados en el ámbito del plan con el agumento de que solo así se cumplía la orden ministerial. El ministerio planteó a la Abogacía del Estado si, teniendo en cuenta los términos de la orden y la admisión del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno contra el decreto del Consell que avalaba el proyecto, esta suspensión de concesión de cualquier licencia en el barrio "podría repercutir gravemente en la protección y conservación de los inmuebles singulares del conjunto histórico-artístico de El Cabanyal".

El escrito señala que a la hora de determinar qué licencias pueden o no concederse, "habría que distinguir si los permisos solicitados lo son de obra o de actividad, y, a su vez, dentro de las licencias de obra, estudiar individualmente cada una de ellas y distinguir tipos de intervenciones, ya que habrá solicitudes para ejecutar obras de conservación, rehabilitación o adecentamiento de los bienes que será necesario conceder para garantizar y contribuir activamente a la conservación del Bien de Interés Cultural". Habrá otras obras, por ejemplo que sean "indiferentes", a los objetivos de conservación del patrimonio histórico, respecto a la cuales, "tampoco existirían inconvenientes jurídicos, tras su estudio sobre el valor específico y su papel urbano para concederlas", apunta.

En definitiva, "únicamente aquellas solicitudes de licencia de demolición o transformación que afecten a la conservación del conjunto histórico" son las que deberían denegarse". Lo mismo sucedería con las licencias de actividad, prosigue el informe, en las que habría que distinguir su finalidad, ya que incluso algunas "pueden contribuir a la conservación del patrimonio histórico como actividades tradicionales o simbólicas del barrio". "Luego en principio entendemos que a priori la orden de Cultura que determina la suspensión parcial de la aplicación del PEPRI, no puede implicar la denegación de la concesión de cualquier tipo de licencia municipal, sobre cualquier inmueble ubicado en el citado barrio, con carácter general", insiste.

Salvem El Cabanyal y la asociación de vecinos denunciaron "el trato discriminatorio y de castigo" al barrio que implica la denegación de licencias.