Al filo de las 10,30 horas de la mañana, una excavadora defendida por dos pares de agentes de la policía nacional se ha hecho hueco entre la resistencia de cientos de vecinos para tirar el edificio del 31 de la calle Francesc dEiximenis. La autoridad, porra en mano y el casco puesto, ha apartado a empujones los contendores que un grupo de jóvenes había dispuesto en mitad de la calle a modo de barricada improvisada. Así ha comenzado la segunda tanda de derribos que el Ayuntamiento de Valencia ha llevado a cabo esta semana. Así como el pasado martes, cuando el consistorio redujo a escombros cinco inmuebles, los agentes del Cuerpo Nacional de Policía ya cargó a última hora contra los ciudadanos concentrados, esta mañana ha endurecido su actuación. Un grupo de 60 vecinos y manifestantes convocados por la plataforma Salvem el Cabanyal sentado en el suelo impedía que la máquina accediese a la zona de derribo, acordonada por la Policía Local. Los agentes de la nacional, sin mediar provocación alguna, la han emprendido, sin embargo, a palos contra los vecinos. La escena ha sido extravagante. Un grupo de jóvenes lanzaba piedras, palos y neumáticos contra los policías, mientras estos aporreaban y arrastraban a los que estaban sentados. Una mujer de 49 años y un joven de 29 han sido trasladados al Hospital Clínico de Valencia con contusiones tras la actuación policial. En el otro lado, un agente del Cuerpo Nacional de Policía, ha sido atendido por una herida en la muñeca. Dos personas han sido detenidas, ambas por encaramarse a la excavadora. La portavoz municipal socialista, Carmen Alborch, acompañada de otros ediles y de Salvador Broseta han intentado parar la reyerta. Alborch ha pedido tranquilidad a la policía nacional y que «no agrediese a la gente». Cuando la nacional, ya ayudada por la fuerza local, ha conseguido despejar el asfalto, la excavadora ha consumado el derribo. La calle ha quedado perdida de basuras y escombros. Un trabajador buscaba los neumáticos de repuesto de su camioneta entre los destrozos. El runrún vecinal que el lunes cuestionaba la actuación de la policía nacional, hoy se ha convertido en un grito inculpador. Gran parte de los vecinos no ha entendido que la Policía Nacional, cuyo máximo responsable en la Comunidad es el delegado del Gobierno, Ricardo Peralta, haya defendido los derribos. Sobre todo cuando existe una orden del ministerio de Cultura que desde enero de este año protege la integridad del barrio y que la delegación del Gobierno ha intentado evitar los derribos en los juzgados. Esta contradicción ha conducido a varios de los vecinos y de los miembros de Salvem el Cabanyal a increpar a Carmen Alborch, quien no ha podido dar una explicación. Peralta, en un comunicado, ha arremetido contra la alcaldesa por persistir en unos derribos que no tienen ninguna urgencia. «Responden sólo a la voluntad contumaz de la alcaldesa de incumplir la orden del Ministerio de Cultura intentando proteger el barrio de El Cabanyal», ha dicho a través de un comunicado. Peralta ha pedido, horas después de enviarle un requerimiento para que cumpla con la orden ministerial, que suspenda temporalmente las demoliciones en el barrio hasta que los tribunales se pronuncien. «Esa voluntad de la alcaldesa está generando una tensión social que sería bueno que terminara», ha agregado. El delegado no ha dado explicaciones, sin embargo, de la actuación de los agentes del Cuerpo Nacional de Policía, que ha cargado contra los vecinos durante las dos jornadas de derribos. Esta actuación ha cosechado infinidad de críticas contra el delegado del Gobierno. Desde las de Salvem El Cabanyal, que no entiende que esté amparando los derribos en contra de lo que dice la orden ministerial, hasta Esquerra Unida del País Valencià, que ha pedido la dimisión de Peralta. Desde el Ayuntamiento que gobierna la popular Rita Barberá, el concejal de Seguridad, Miguel Domínguez, ha llamado «grupo de violentos» a quienes estaban desde primera hora en el barrio para impedir la actuación del consistorio. Domínguez ha insistido en que estos derribos están amparados por una ley autonómica y sendas resoluciones judiciales. Alrededor de las 11.00, la Policía Nacional se ha retirado de primera línea y la Local se ha encargado de proteger los trabajos de la excavadora. La multitud, mayor que la del lunes, se ha trasladado al que los responsables de Salvem piensan que puede ser el próximo inmueble derribado, el número 33 del bulevar San Pedro. Allí esperan.
