El TSJ acusa a la diputada Mònica Oltra de desobediencia en las protestas de El Cabanyal

El Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV) considera que Mònica Oltra, diputada autonómica del grupo Compromís, cometió una falta leve de desobediencia a la autoridad durante su participación el pasado abril en una protesta por los derribos ordenados por el Ayuntamiento de Valencia en El Cabanyal en contra de la decisión del Ministerio de Cultura de paralizar el plan que prolonga una avenida a costa de más de 450 edificios del barrio.

El magistrado de la Sala de Lo Civil y Penal del TSJCV que ha instruido la causa, Juan Montero, considera que Mònica Oltra cometió una falta de desobediencia recogida en el artículo 634 del Código Penal, que lleva aparejada una multa de entre 10 y 60 días, cuya cantidad se fijaría en sentencia. El asunto ha llegado a los tribunales porque un intendente jefe de la Policía Local de Valencia presentó una denuncia en la que acusa a la diputada de haber ofrecido resistencia cuando los agentes trataron de dispersar las concentraciones que impedían los derribos ordenados por la alcaldesa, Rita Barberá, en El Cabanyal.

Montero ha decidido queOltra sea juzgada por los hechos por los que fue denunciada y pide a la Sala de Lo Civil y Penal que decida cuál es el órgano competente. Oltra es diputada y, por tanto, cuenta con aforamiento. Sin embargo, el Tribunal Supremo en distintas ocasiones se ha pronunciado en favor de unos límites. Es decir, defiende que los aforados sean juzgados por tribunales ordinarios cuando los hechos que les llevan ante la justicia son ajenos a su actividad política o el procedimiento no afecta al normal funcionamiento de la Cámara. La discusión está abierta. En cualquier caso, Oltra se enfrentaría a una pena que no lleva aparejada la inhabilitación, lo cual no afectaría al normal funcionamiento del Parlamento autonómico.

La parlamentaria declaró ante el TSJ como imputada el pasado 2 de junio y se mostró confiada en que no habría acusación. "Las pruebas evidencian que no cometí ningún delito", aseguró. Oltra defendió que ella acudió a la protesta en El Cabanyal para defender el barrio, "a los vecinos y la legalidad" frente al intento de "expolio" del Ayuntamiento de Valencia, que ordenó derribos al amparo de un decreto de la Generalitat después de que el Ministerio de Cultura paralizara el plan de prolongar la avenida de Blasco Ibáñez partiendo en dos la zona declarada Bien de Interés Cultural (BIC).

La Fiscalía Superior de la Comunidad Valenciana ha anunciado recurso a esta decisión de juzgar a Mònica Oltra. Pide el archivo de la causa por entender que no hay falta alguna. Y, de forma subsidiaria, si no se estimara su petición de archivo, pide que Oltra sea juzgada por un juzgado de instrucción ordinario.

En el auto, el juez Montero rechaza la personación solicitada por el PP. Rafael Blasco, portavoz popular en las Cortes valencianas y los tres portavoces adjuntos, así como los concejales del Ayuntamiento de Valencia Alfonso Grau, Alfonso Novo y Jorge Bellver -este último pendiente de declarar como imputado por un supuesto delito de prevaricación y contra el patrimonio histórico- se presentaron el pasado viernes con una querella por delito de resistencia para sumarse al procedimiento contra Oltra. Montero la rechaza porque tiene defectos varios y porque la considera improcedente.

"Profundamente decepcionada"

Tras conocer la decisión del TSJCV, Oltra ha reclamado una "reflexión profunda" sobre la situación política y judicial de la Comunidad Valenciana, donde a su juicio "la corrupción sistemática" queda "impune" y los actos "en defensa de la legalidad" son castigados. La diputada ha afirmado sentirse "profundamente decepcionada" con el auto del juez Juan Montero, a quien considera un magistrado "de prestigio", porque pensaba que esta denuncia "se iba a archivar".

"No hubo ningún tipo de resistencia ni de desobediencia a la Policía. Está todo grabado, así que podrá verse durante el juicio oral", ha señalado Oltra, quien ha destacado el hecho de que el Ministerio Fiscal haya anunciado su intención de recurrir este auto al considerar que no existen indicios penales. La portavoz parlamentaria ha descartado que vaya a dimitir, porque, a su juicio, los que deben hacerlo son "los sinvergüenzas que roban al pueblo". "Esto es una persecución política, dimitir sería tirar la toalla, no van a conseguir amedrentarme", ha manifestado.