Farmaindustria no apelará al Supremo el decreto andaluz que regula la receta electrónica
La patronal dice que su recurso pretendía "evitar inequidades" en el acceso a los medicamentos
Farmaindustria, la patronal de la industria farmacéutica, ha anunciado que no recurrirá ante el Tribunal Supremo contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en la que desestima la demanda que elevaron contra el decreto andaluz que regula la receta electrónica.
La patronal ha señalado que su objetivo era "evitar inequidades" en el acceso de los pacientes a determinados fármacos que vienen recogidos en el nomenclator de medicamentos aprobados en España. Farmaindustria asegura que no está en contra del decreto, si no que el recurso inicial contra el proyecto Receta XXI vino por "temor de que se hiciese un mal uso de ella".
"El conjunto del fallo del TSJA nos ha tranquilizado en este sentido, por lo que nos mostramos razonablemente satisfechos con la explicación que se da en el mismo", enfatizan desde Farmaindustria. No obstante, no descartan apelar en un futuro al Supremo si la Administración sanitaria andaluza realizase una modificación del actual modelo de receta electrónica que "pudiese lesionar" la equidad al acceso de cualquier fármaco inscrito en el nomenclator.
La sentencia del Alto Tribunal andaluz hace suyos los argumentos esgrimidos por la Consejería andaluza de Salud en defensa de esta prestación, entre ellos, el que con dicha herramienta se pretende "evitar" que los pacientes crónicos se vean obligados a acudir al médico sólo para obtener las recetas de continuación de sus tratamientos. También apoya que se facilite que el facultativo consiga "dedicar más tiempo a sus pacientes" y se "mejore" la adherencia terapéutica en los tratamientos de estos pacientes y se mejore la comunicación con el farmacéutico.
Por contra, rechaza las alegaciones elevadas por Farmaindustria en las que entendía, entre otra razones, el que con este decreto de receta electrónica se "invadía" las competencias propias del Estado, se "vulneraba" el régimen de prescripción, dispensación y financiación de fármacos contenidos en la Ley del Medicamento de 2006 y se "lesionaba" el principio de igualdad de acceso.
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