La inmadurez de la política española en los derechos intelectuales

El momento es ahora o nunca, porque si no, la piratería sería un mal endémico en España. Esta mañana se han presentado las conclusiones de un seminario creado por EGEDA (la entidad de gestión de derechos de los productores audiovisuales) y por AISGE (la entidad que gestiona los derechos de los intérpretes), que, centrado en la industria audiovisual, en su primera edición profundizó en el cine en Internet. De portavoces, José María Otero, ex presidente de EGEDA, y Juan Luis Galiardo, actor y productor. Y el mensaje ha sido claro: las oportunidades futuras del cine son maravillosas; la realidad actual, muy triste.

Más aún, Galiardo calificó de "adolescentes aturdidos" a la clase política española: "Les falta madurez, y emplean cualquier elemento social como el burka para ganar votos". Por eso no se han regulado seriamente en España los derechos de propiedad intelectual. A su lado, Otero le ratificó: "Ningún partido político ha dado batalla. Todos están a favor de los derechos intelectuales, pero no dan la cara". Eso sí, los dos veían clara la salida: educación desde pequeños en el respeto a los derechos.

La idea germinal del seminario, según Galiardo, era crear un foro neutral, alejado de los partidos políticos, que estudiara el sector y empujara a concienciar a la sociedad. Apadrinados por la Fundación Ortega y Gasset, han profundizado y dialogado sobre la industria audiovisual, hasta llegar a unas conclusiones divididas en tres grandes apartados: el cine en salas digitales, el video bajo demanda y el derecho de propiedad en Internet.

En la primera parte, el informe avisa sobre la necesidad de la reconversión industrial para la llegada de la exhibición digital, y la transformación debería finalizar en España en 2013. La conversión de una sala analógica en una digital cuesta unos 120.000 euros. Pero el cambio es necesario para ahorrar costes de distribución, y alta calidad de imagen y sonido.

El segundo apartado, sobre el video bajo demanda, apunta a las grandes oportunidades que se abren al cine independiente en esta ventana de exhibición, y la necesidad de que todos los miembros de la Unión Europea se pusieran de acuerdo en el plazo de llegada de un filme a una web legal de descargas desde su estreno (ellos recomiendan tres meses).

En cuanto a los derechos de propiedad en Internet, el informe apunta como una lacra "la ambigüedad del ordenamiento jurídico de estos derechos", que siguen a la espera de que se apruebe la Ley de la Economía Sostenible. Otero pidió a la Administración que establezca medidas correctoras en la publicidad de las operadoras telefónicas, muchas veces centrada en su velocidad de descarga.