El tripartito cierra con un decreto el caso de los informes inútiles sin hacerlos públicos

El Gobierno catalán ha decidido hacer frente en la recta final de la legislatura a la polémica que le ha venido persiguiendo los últimos años por el encargo de informes y dictámenes a asesores externos cuya utilidad ha cuestionado una auditoría encargada por el propio Ejecutivo. La Generalitat creará una comisión que dos veces al año analizará los informes encargados por el conjunto del Gobierno y verificará la utilidad de los mismos. Con todo, la comisión estará formada por miembros del mismo Gobierno y no se garantiza el acceso público a los informes como pedía la oposición.

Las medidas las publicó ayer en forma de decreto el diario oficial de la Generalitat. Su aprobación formal fue durante la reunión del Gobierno del pasado martes, pero entonces no se informó de ello ni a los medios de comunicación ni a través de la web de la Generalitat. Fuentes del Gobierno catalán restaron trascendencia ayer a este punto y recordaron que se trata de un "decreto de estructura", algo de lo que no se suele hacer gran publicidad.

El decreto establece que la comisión de control estará presidida por el secretario general de Economía y que habrá dos vocales, uno de Gobernación y otro de Interior y Relaciones Institucionales. De esta manera, y según la actual distribución de carteras, cada uno de los tres partidos del tripartito estarían en esta comisión. Este organismo de control elaborará dos veces al año un informe con el responsable del encargo de cada estudio, el nombre del adjudicatario, el importe y una "breve" descripción del motivo y utilidad del encargo. En ningún momento se habla de hacer públicos los informes como la oposición y la opinión pública ha venido pidiendo reiteradamente al descubrirse que un número importante de dictámenes habían resultado de dudosa utilidad. Según la auditoría de la Generalitat, el Gobierno catalán gastó en 2007 al menos 729.000 euros en informes inútiles.

El Gobierno mantuvo un agrio conflicto en el Parlament al negarse a entregar copia de los informes a los diputados de la oposición que los solicitaron. El mismo presidente de la cámara, Ernest Benach, intentó socorrer, sin éxito, a los diputados de CiU a los que se negaron los informes. El caso también motivó la actuación de la fiscalía, que se interesó por cientos de informes. Las sospechas de la oposición es que el tripartito pagó estos informes a personas que, en realidad, trabajaban como asesores camuflados.