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Montilla ve justo que los empleados públicos recuperen su sueldo en 2013

El presidente catalán defiende que se aplique esa medida si la economía mejora

El Parlament convalidó ayer el decreto del plan de ajuste para ahorrar este año 1.670 millones de euros mientras 200 funcionarios protestaban enfurecidos por el recorte salarial a las puertas del palacio, protegido por los antidisturbios. La resaca de la huelga de la función pública pasó desapercibida en el interior de la Cámara catalana, pero el presidente de la Generalitat, José Montilla, quiso dar un punto de esperanza a los funcionarios afirmando que ve "justo" que recuperen "de forma gradual" sus sueldos en 2013 si la economía mejora. Esa posibilidad se prevé en la disposición adicional sexta del decreto, aprobado con los votos del tripartito (70) y el rechazo (65) de la oposición.

"Ojalá puedan recuperar su poder adquisitivo y muchos parados sus puestos de trabajo", dijo Montilla, haciendo un guiño a los afectados, muchos potenciales votantes suyos, en una respuesta a Dolors Camats, diputada de Iniciativa (ICV-EUiA). Los ecosocialistas le arrancaron un gesto en favor de la citada cláusula, en contraste con el escaso éxito que obtuvieron con el compromiso que pidieron a los otros grupos políticos. Jaume Bosch, diputado de ICV, aclaró que la disposición no es "un brindis al sol" y apuntó que hasta los fiscales quieren que el Gobierno de Zapatero recoja en su decreto una medida similar.

Iniciativa, en cualquier caso, ha dejado su sello en este plan de recorte desde que anunció que no lo convalidaría si no acarreaba después la subida del IRPF a las rentas más altas y si no se añadía la cláusula de los funcionarios. El consejero de Economía, Antoni Castells, abrió el debate exponiendo el decreto sin detenerse apenas en la recuperación del poder adquisitivo de los funcionarios. Ya en su día avisó que los recortes debían consolidarse para dar credibilidad a los mercados.

Las hemerotecas a veces son traicioneras. Y ayer dieron munición a la oposición. Castells defendió el instrumento por ser un "plan necesario, ambicioso y riguroso", y culpó a la oposición de hacer "pura demagogia" por oponerse a la subida de impuestos "¿Acaso estamos entrando en una vorágine fiscal? ¿Son tantos 100 millones recaudados con las subidas sobre 1.670?", se planteó el consejero, reprochando a CiU que votara en contra del decreto y en el Congreso se abstuviera. "Supongo que es demasiada coherencia pedir el mismo voto", dijo.

CiU se frotó las manos. En un discurso vehemente, el diputado Antoni Fernández Teixidó explicó que la diferencia es que en Madrid no votaron a favor de subir tasas. Y recuperó un apabullante comentario de Castells, de mayo, en el que se oponía al aumento del IRPF. El consejero pareció ruborizarse. "¡Claro que usted tiene derecho a cambiar de criterio! Y ha cambiado porque se lo han impuesto. La izquierda consciente", ironizó, en un debate agrio, "ha decidido castigar a los ricos. Ese es el quid de la cuestión". Teixidó añadió que no solo están en contra de la subida del IRPF y el IVA, sino también del aumento del impuesto de matriculación y el de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, porque "los acabarán pagando las clases populares". "Van a pasar a la historia como el Gobierno que ha realizado el recorte social más grande de la democracia", acabó.

Los dos socios minoritarios del tripartito explicaron que tenían razones para apoyar éste decreto y no el de Zapatero, al no aplicar recortes sociales. "CiU actúa con un cálculo electoral oportunista", dijo Maria Àngels Cabasses, de ERC. "Un gobierno de izquierdas debe tener sensibilidad y no pedir solo sacrificios a los que menos tienen", señaló Bosch. Enric Millo, del Partido Popular (PP), presumió de coherencia y se opuso al decreto por cuatro razones: "Es injusto, ineficaz, improvisado e insuficiente". Albert Rivera, de Ciutadans, pidió que el esfuerzo sea compartido y que la Administración adelgace. "Se ha acabado la fiesta", concluyó.