Tripartito y CiU buscan un pacto sobre el Constitucional que asuma el PSOE

Convencer al PSOE y tener su voto. Este es el objetivo que se han marcado los partidos catalanes que hace 15 días votaron una moción conjunta en el Parlament que reclama un cambio en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Los tres socios del tripartito y Convergència i Unió (CiU) tienen claro que para que el nuevo texto prospere en Madrid debe contar con el visto bueno del PSOE. Y, para lograrlo, deben afinar la redacción del cambio de la ley y hacer asumibles términos que en estos momentos chirrían en los oídos de los socialistas.

La cuadratura del círculo consiste en encontrar el consenso sin traicionar el texto de la moción conjunta, que proponía cuatro puntos: garantizar la constitucionalidad del Estatuto, instar a la renovación del alto tribunal, pedir que el TC se declare incompetente para valorar textos votados en referéndum y reclamar que los magistrados con el mandato caducado no puedan extenderse en el cargo más allá de seis meses.

El Síndic avisa de que el fallo del Estatuto podría vulnerar los derechos lingüísticos

Los cuatro grupos trabajaron ayer en el Parlament para lograr un redactado asumible en la calle de Ferraz. La reunión fue de una hora CiU, PSC e ICV-EUiA plantearon tres textos distintos y ERC se sentó sin propuestas, en la que no hubo acuerdo, pero sí la sensación, expresada por todos los grupos, de que no costará consensuar un texto. Les quedan, según el calendario fijado por la resolución, 15 días para lograrlo.

El PSC puso sobre la mesa la necesidad de convencer al PSOE y de no presentar medidas por separado antes de hacerlo conjuntamente. Es decir, que CiU no pida el cambio de la Ley del TC solo en el Congreso, cuando el compromiso es hacerlo conjuntamente en el Senado. Los nacionalistas, que hasta ayer plantearon batalla en este sentido, aceptaron esta condición. Fuentes de CiU esgrimieron que el cambio de la ley debe pasar siempre por las dos cámaras, y que, por tanto, da igual empezar por el Senado. Otro punto en el que hubo consenso fue en la limitación de los magistrados con cargos caducados, que deberán ser sustituidos como máximo a los seis meses de expirar su mandato.

El principal escollo está en reclamar que el alto tribunal se declare incompetente para valorar sobre textos refrendados por la ciudadanía, como el Estatuto. Desde el PSC se reconoce que, tal como está planteado en la resolución conjunta, este punto no se aceptará en Madrid. Sin embargo, fuentes de los socialistas plantean que con soluciones "imaginativas", con un redactado distinto, se puede lograr convencer al PSOE. Otras fuentes apuntaron que, para lograr que el Estatuto se salve de la quema del TC, se añada un nuevo artículo que lo inhabilite para dictar sentencia si lleva, por ejemplo, más de dos años deliberando, como es el caso. De aprobarse esta reforma, sería de aplicación inmediata y el Estatuto quedaría desbloqueado.

La semana próxima habrá otra reunión, y los grupos esperan tener un texto pactado para el 24 de mayo, día en que el presidente José Montilla comparece ante el Senado para exigir la renovación del Constitucional y enviar un claro mensaje político, con la propuesta de la reforma de la ley, a los miembros del tribunal.

Mientras los partidos catalanes miran con lupa el redactado para que pase por el embudo del PSOE, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, despachó el asunto con un escueto "se estudiará" cuando fue preguntado por el mismo en el Congreso. Pese a reafirmar su convicción de que el Estatuto es Constitucional, Zapatero avisó de que cuanto más se hable del TC más difícil será su renovación. Quien también se refirió al eventual fallo fue Rafael Ribó, síndic de Greuges. Ribó, cuyas competencias penden de un posible fallo restrictivo, avisó de que un recorte en el sistema de inmersión lingüística escolar puede suponer un grave retraso en los derechos lingüísticos.