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Aguirre pide a los diputados imputados en el Gürtel que entreguen el acta

Los tres parlamentarios siguen asistiendo a la Asamblea como no adscritos y cobran un sueldo de 3.800 euros

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha pedido esta tarde a los tres diputados imputados en el caso Gürtel, durante el pleno de la Asamblea, que renuncien a su acta parlamentaria. "Se lo pedí públicamente [fuera del hemiciclo], y se lo pido ahora delante de sus señorías". Esta petición es una respuesta al portavoz de IU, Gregorio Gordo, que la había emplazado a que así lo hiciera para que el Parlamento autónomo no sea "cada jueves el esperpento nacional" por la presencia de los tres imputados.

También la portavoz socialista, Maru Menéndez, le espetó: "Usted los trajo y usted debe quitarlos". Antes había acusado a Aguirre de pedirles el acta con la boca pequeña.

Los tres imputados, antes del PP, asisten actualmente a la Asamblea como no adscritos, figura que no estaba contemplada en el Reglamento de la Cámara regional y que se creó para que ellos no se beneficiaran de pasar al Grupo Mixto y aumentaran su retribución al lograr los complementos que se tienen al formar nuevo grupo. La única obligación de estos parlamentarios es asistir tres veces al mes a los plenos, ya que no forman parte de ninguna comisión. Cobran un sueldo de 3.808 euros mensuales y se limitan a asistir, al final de los plenos, a las votaciones. Y siempre apoyan las decisiones del PP.

Los tres imputados son:

- Alberto López Viejo. El juez le impuso una fianza de 750.000 euros. "Es el muñidor de toda la operativa", comentaba uno de los capos de la red corrupta en una de las grabaciones. En la contabilidad B del entramado de empresas de la trama aparecen apuntes que revelan entregas de dinero al ex consejero por un total de 286.000 euros, según recoge el sumario. López Viejo era el responsable de montar los actos públicos de la Comunidad de Madrid. Troceaba los contratos públicos en cantidades inferiores a 12.000 euros para evitar los concursos públicos, según se desprende del sumario. Realizó más de 350 contratos con empresas de la trama, a las que facturó más de tres millones de euros.

- Alfonso Bosch. Tiene impuesta una fianza de 750.000 euros. Fue gerente de una empresa pública de suelo en Boadilla del Monte, desde donde intermedió para asignar varios contratos a la red corrupta. Entre ellos, el proyecto de construcción de la ciudad deportiva de Boadilla a la empresa Hispanica, según un auto judicial. También adjudicó, según el sumario, varios locales a Rústicas MBS, la empresa de José Ramón Blanco Balín, imputado en la trama. Aparece como perceptor de 250.562 euros en la contabilidad de las empresas de la trama.

- Benjamín Martín Vasco. Tiene una fianza de 955.000 euros. Según las grabaciones de la fiscalía, intermedió para conseguir adjudicaciones de proyectos urbanísticos en Arganda del Rey. La contabilidad de las sociedades de la red tenía un archivo personal para reflejar las entregas de dinero a Martín Vasco. En total, recibió 437.166 euros, según el sumario, además de cuantiosos regalos, como un televisor de plasma, el viaje de bodas...

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