Jiménez Villarejo ve 'fraude' de ley en la decisión del fiscal sobre Companys

La Junta de Fiscales de Sala acordó ayer una decisión que promete provocar polvareda política: considerar que no es necesario presentar un recurso de revisión ante el Tribunal Supremo para anular el juicio sumarísimo en el que se condenó a muerte al presidente de la Generalitat Lluís Companys. La fiscalía alega que no tiene que dar ese paso porque, en aplicación de la Ley de la Memoria Histórica, los juicios franquistas ya son de por sí nulos. La clase política, encabezada por el presidente de la Generalitat José Montilla, acogió con complacencia la decisión. Sólo Esquerra Republicana discrepó y la tachó de "vergonzosa".

El ex fiscal jefe de Cataluña y ex fiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo fue categórico y la calificó de "fraude de ley". "El fiscal es sólo una parte del proceso y no hay nulidad hasta que lo dicta un tribunal. Su actuación no es admisible", dijo Villarejo, que expresó su "tristeza" y "decepción" ante la decisión de los fiscales y por la forma en que la ha encajado buena parte del Gobierno de izquierdas. "Companys seguirá siendo un rebelde culpable, un delincuente. Según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, mientras no se anula la sentencia, los condenados no pueden declararse inocentes".

El caso Companys desencadenó ayer un nuevo desencuentro en el tripartito. Montilla avisó que no es jurista, pero se declaró "satisfecho" porque cree que pone punto final a una reivindicación histórica de su Gobierno. "Ya se ha hecho desde el campo político y ético, y ahora se añade la restitución desde el campo judicial", dijo tras la celebración de los actos de los 30 años del Parlament. Iniciativa dio por buena la decisión de los fiscales y CiU señaló que "se acerca" a reparar la figura de Companys. Joan Ridao, diputado de ERC, se desmarcó por completo y avisó que no se rendirá ante la forma en que la fiscalía quiere dar carpetazo al asunto.

Maria Lluïsa Gally, nieta del presidente Companys, dijo estar de entrada "contenta", aunque no quiso ir más allá, a la espera de leer con detenimiento el documento. El Consell Executiu acordó en octubre de forma solemne, coincidiendo con el último aniversario del fusilamiento de Companys, solicitar a la fiscalía que presentara un recurso ante el Supremo para pedir la anulación del juicio. La paradoja es que seis meses después socialistas y ecosocialistas den por válido que no se formule el recurso, porque el argumento que esgrime ahora la fiscalía de ampararse en la Ley de la Memoria Histórica ya lo conocían entonces. Villarejo, que está comprometido con el el Memorial Democrático y precisamente se encuentra elaborando un informe jurídico sobre el caso Companys, señaló anoche que los fiscales debían cursarlo aún a riesgo de perderlo.

"Que tengan la valentía de hacerlo. En 1999, el fiscal Javier Moscoso, sin que le amparara la Ley de la Memoria Histórica, recurrió la condena del militante comunista Julián Grimau ante la Sala Quinta del Supremo. Y la perdió. Mi hermano, presidente de esa sala, emitió un voto particular por considerarla una arbitrariedad". Fuentes de la Fiscalía del Tribunal Supremo advirtieron ayer de que su decisión ha dejado el caso cerrado. El dictamen, en cualquier caso, es ambiguo: primero, rechaza las pretensiones de la Generalitat y se declara "legalmente improcedente" pedir al Supremo la revisión del caso. Pero luego, en su argumentación, considera nula la sentencia de Companys. En el documento se analizaba la Ley de Memoria Histórica, que declara "ilegítimos" los juicios. En la redacción de la ley, se pactó esta definición para evitar declarar la nulidad de todos los juicios franquistas. La fiscalía cree que este término ya es suficiente y que de él se desprende que las condenas son "nulas de pleno derecho por aplicación directa" de la ley.