La fiscalía actuará contra los ayuntamientos que no detraigan puntos

La Fiscalía de Seguridad Vial será inflexible con los conductores implicados en accidentes en los que resulte fallecido o herido un menor que viaje sin sistemas de retención infantil y comenzará a actuar contra los ayuntamientos que no descuenten puntos del carné de conducir a sus vecinos. También podrá actuar de oficio en casos de badenes que no cumplan con la normativa y supongan un serio riesgo para los conductores, peatones, ciclistas o motoristas.

El fiscal coordinador de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas, lo anunció este mediodía, tras dos días de debates en Santiago de Compostela (A Coruña), donde medio centenar de fiscales del ramo repasaron varios aspectos relacionados con la seguridad en las carreteras, en las jornadas anuales de seguridad vial.

Respecto a los sistemas de retención infantil, Bartolomé Vargas indicó que en los supuestos de lesiones o fallecimiento del menor por no llevar estos dispositivos de seguridad, el fiscal podrá ejercer la acción penal contra el conductor por homicidio o lesiones imprudentes que contemplan los artículos 142 o 152, en relación con el artículo 11 del Código Penal.

Para ilustrar la importancia de esta iniciativa, el fiscal señaló que en 2008 perdieron la vida en accidente de tráfico, 76 niños, de los cuales 40 iban sin estos sistemas de retención. Vargas apuntó que la fiscalía sospecha que "la cifra de lesiones leves es más elevada por no llevar los debidos sistemas", por lo que justificó ese "salto a la jurisdicción penal".

Especialmente duro se mostró con los ayuntamientos que aún no se han conectado al sistema de descuento de puntos de la Dirección General de Tráfico (DGT), aunque señaló que son "una minoría". Vargas apuntó que esta actitud de los consistorios rebeldes "incrementa la inseguridad vial en esos municipios y la discriminación" y anunció que la fiscalía trabaja con Tráfico para que los "ayuntamientos se legalicen".

"Prevaricación omisiva"

Durante su comparecencia, Vargas apuntó que el fiscal podrá intervenir cuando "de manera consciente" un alcalde o funcionario "se niegue a comunicar los puntos a la Jefatura de Tráfico" correspondiente. Un comportamiento que puede constituir un delito de "prevaricación omisiva". El fiscal señaló que se ha abierto un procedimiento de diligencias contra un alcalde de Badajoz por este motivo.

Por último, los fiscales quieren también intervenir en los casos relacionados con los badenes, resaltos o guardias dormidos, de forma que puedan abrir diligencias "en los casos más graves" para prevenir accidentes de tráfico.

La fiscalía recuerda que estos sistema de reducción de velocidad han proliferado en los últimos años, y aunque entiende que "la finalidad es legítima", advierte de que la "realidad les ha convertido en una fuente de problemas, porque se han construido de forma indiscriminada convirtiéndose (en ocasiones) en obstáculos peligrosos".

El fiscal ha recordado esta mañana que desde 2008 existe una normativa que regula cómo deben ser estos badenes, tanto en lo que se refiere a su forma, dimensiones y de qué colores deben estar pintados. En este sentido, ha señalado que el ministerio fiscal podrá intervenir no sólo cuando se produzca un accidente o una grave situación de riesgo con resultado de heridas o de muerte, sino que también podrá anticiparse colaborando en actuaciones de prevención cuando el badén no respete la norma.

Mantenimiento del vehículo

La fiscalía recuerda el deber de los titulares o arrendatarios de los vehículos de mantenerlos "en las condiciones legal y reglamentariamente establecidas, sometiéndolos a los reconocimientos e inspecciones que correspondan". El deber, continúa el ministerio fiscal, conlleva, además de las revisiones, la atención al estado del vehículo del que se es titular o con el que se conduce habitualmente. "Cuanto menos en lo esencial, como frenos y estado de los neumáticos". En casos graves, la fiscalía podrá formular acusación por homicidio o lesiones imprudentes.

Las responsabilidades penales podrán recaer asimismo sobre el empresario que facilite al trabajador un vehículo en condiciones irregulares.