Absuelto de corrupción urbanística el ex alcalde de Salou y su hijo, ex edil de Urbanismo

El supuesto caso de corrupción urbanística contra el ex alcalde de Salou (Tarragona), Esteve Ferran Rivera, su hijo, Esteve Ferran Gimbau y ex concejal de Urbanismo ha quedado archivado por falta de indicios delictivos. Así lo señala el Tribunal de Instrucción número 4 de Tarragona en un auto emitido el lunes pasado y notificado hoy en el que absuelve también a otros nueve coimputados por el caso. La Fiscalía acusó en 2007 a los Ferran de protagonizar varias irregularidades urbanísticas de las que se derivaban los delitos de prevaricación, tráfico de influencias y uso de información privilegiada mediante la cual obtuvieron beneficios por al menos 470.000 euros. La Fiscalía amplió la denuncia con nuevos procedimientos en noviembre de ese mismo año pero el juez no ha encontrado indicios en ninguna de las operaciones bajo sospecha. Las partes pueden presentar un recurso en un plazo de tres días.

La primera actuación denunciada por el fiscal refiere al uso de información privilegiada en la compra de una finca por 30.000 euros por parte de Ferran Gimbau. Cinco años después, se vendió a una sociedad por 506.000 euros con una revisión del Plan de Ordenación Urbana (POUM) de por medio. El terreno en cuestión pasó a ser urbanizable, lo que permitió venderlo por más de quince veces su valor anterior. El juez rebate que los primeros propietarios de la finca han declarado que se desprendieron de ella a bajo precio dado que tenían "urgencia por vender y les parecía un precio adecuado". También señalaron que desconocían la inminente reforma del POUM, que según el juez había sido debidamente anunciada por el consistorio y era pública y conocida. Por tanto, pese a la "obtención de un gran beneficio por parte del imputado", el auto no considera probado ningún delito en la operación.

El fiscal denunció también supuestos delitos de prevaricación en la concesión por parte del Ayuntamiento de una parcela de titularidad pública a una Unión Temporal de Empresas (UTE) que construyó en el terreno una residencia geriátrica. Las irregularidades denunciadas son la fijación a la UTE de un canon anual de 6.000 euros revisables y sin justificación aparente. El juez asegura haber obtenido pruebas documentales que revelan que los trámites respetaron la ley. El resto de irregularidades de la operación, en las que destaca varias de las firmas del acta de la mesa de contratación no corresponden con los asistentes a dicha reunión, tampoco obedecen a actuación del ex alcalde de Salou, señala el auto.

La denuncia también recogía presuntas irregularidades en el proyecto de desvío del Barranco de Barenys, plan del consistorio que preveía expropiar 19 viviendas particulares para liberar 40 hectáreas en las que construir 10.000 nuevas plazas hoteleras. El Ayuntamiento habría informado a varias empresas de sus planes incurriendo en un delito de uso de información privilegiada, según el fiscal. El juez asegura que no tampoco encuentra indicios del delito en la operación.

La carrera política de Esteve Ferran Rivera, jardinero de profesión, está ligada al proceso de segregación de Salou respecto a Vila-Seca que culminó en 1989. Ferran Rivera fue el primer alcalde del municipio y lo siguió siendo durante 18 años. Primero bajo las siglas de CiU, luego mediante una plataforma electoral, Ferran Units per Salou (FUPS), que sigue gobernando en la actualidad. El partido perdió la alcaldía a favor del PSC en las elecciones de 2007, pero la recuperó tras una moción de censura realizada el pasado abril y que obtuvo el apoyo del PP y un tránsfuga de CiU. Pere Granados, número dos del FUPS, ostenta desde entonces el cargo de alcalde de la localidad.