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El juez impone una fianza de 750.000 euros al ex diputado del PP Alfonso Bosch

La suma exigida por Pedreira para asegurar futuras responsabilidades supera los cinco millones para los cargos políticos madrileños implicados

El magistrado instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira, ha impuesto una fianza por importe de 750.00 euros al diputado de la Asamblea de Madrid Alfonso Bosch, que fue expulsado del Grupo Popular tras ser imputado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), y de 650.000 a Isabel Jordán, la administradora de una de las empresas de la red dirigida por Francisco Correa. En el caso de que no abonaran la cantidad exigida, el magistrado ha dado orden de que se decrete el embargo de sus bienes hasta completar la cifra fijada.

En total, suman más de cinco millones de euros las fianzas que el juez ha exigido a los altos cargos populares madrileños implicados en la trama Gürtel, no para evitar la cárcel sino para asegurar las responsabilidades pecuniarias derivadas de su presunta participación en el procedimiento. A los 750.000 euros de Bosch hay que sumar la misma cantidad correspondiente a Alberto López Viejo, los 950.000 euros de Benjamín Martín Vasco, el millón de José Galeote y los 1,8 millones de Arturo González Panero.

Los indicios contra el diputado de la Asamblea de Madrid Alfonso Bosch se remontan a su época como gerente de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de Boadilla del Monte, municipio del que era alcalde el también imputado González Panero, el Albondiguilla. Ejerciendo ese puesto, Bosch adjudicó directamente a la sociedad Easy Concept la oficina de atención al ciudadano del ayuntamiento durante 14 años.

Otra de las irregularidades detectadas contra el diputado regional sería su intermediación para conseguir que se adjudicara a la promotora Hispánica la construcción de la ciudad deportiva de Boadilla del Monte, así como la adjudicación de unos locales por ese municipio a la empresa Rústicas MBS, administrada por el también imputado José Ramón Blanco Balín, ex vicepresidente de la petrolera Repsol YPF.

Isabel Jordán, la subordinada de Francisco Correa que planificó la expansión de la red corrupta en Valencia, admitió ante el juez Garzón el pago de 30.000 euros en trajes para Camps: "He hecho trabajos reales para la Comunidad [Valenciana] tipo Fitur, el Open de Tenis... Hemos pagado incluso 30.000 euros de una tienda que se llama Milano para pagar los trajes al presidente Camps".