El tripartito cree que su proyecto de ley del Cine garantiza la libertad de escoger de los consumidores

Es difícil encontrar una película en catalán en la cartelera de hoy de Barcelona. Y eso que la oferta no es escasa: se anuncian 59 películas en 26 cines. Presente en algunos documentales y unas pocas salas minoritarias, el catalán es testimonial. A ese hecho se han agarrado hoy los partidos que conforman el Gobierno tripartito para defender el proyecto de Ley del Cine que está ultimando el Ejecutivo catalán, que pretende lograr que al menos la mitad de las películas dobladas o subtituladas lo estén en catalán. Y que prevé duras sanciones para quien no cumpla.

"Es una garantía del derecho a decidir de los consumidores" sobre el idioma en el que quieren ver las películas, defendió Anna Simó, la portavoz parlamentaria de Esquerra Republicana (ERC), el partido que dirige la consejería de Cultura. Socialistas y ecosocialistas han respaldado la misma tesis, mientras que Convergència i Unió se ha mostrado cautelosa. El Partido Popular, en cambio, ya ha anunciado que no le parecen bien las medidas sancionadoras.

Menos de un 3% en catalán

Simó recordó que, actualmente, menos de un 3% de las películas se proyectan en catalán, y celebró que el proyecto de ley pretenda eliminar "la desigualdad que había entre las dos lenguas oficiales" de Cataluña. "Por fin se quiere corregir esta situación", ha asegurado Simó, "tras 30 años de autogobierno". Simó espera que el Ejecutivo envíe el proyecto al Parlamento el próximo enero "como muy tarde". De hecho, la ley del cine, junto con la de consultas populares, es una de las normas que la cámara catalana intentará aprobar antes de agotar este último curso de la presente legislatura, y que ERC tratará de presentar ante sus electores como resultado de su labor en el tripartito.

Tanto Dolors Camats, de Iniciativa per Catalunya, como Joan Ferran, del Partit dels Socialistes, han coincidido con Simó. Ferran ha calificado el proyecto como "un instrumento muy útil para dar igualdad de oportunidades a la lengua catalana", y ha subrayado que eso se hará "sin entrar en contradicción con las majors", es decir, las distribuidoras de cine.

Precisamente la negativa de éstas a asumir los costes del doblaje de sus películas al catalán fue uno de los escollos que hicieron fracasar los intentos del Gobierno de CiU de normalizar el catalán en los cines, hace ahora diez años. El portavoz de los convergentes, Oriol Pujol, ha evocado esas dificultades para mostrarse cauto con el intento del tripartito. La ley "puede ser un brindis al sol", ha opinado. No ha querido valorar, sin embargo, la dureza de las sanciones que prevé el proyecto, aunque ha subrayado que éstas no pueden constituir el núcleo de la norma.

"Nosotros preferimos las medidas incentivas en lugar de las represivas" para fomentar el catalán, ha dicho en la misma línea Dolors Montserrat, del Partido Popular. Por eso, ha criticado el proyecto de ley por "intervencionista". Esta "no es una buena manera de fomentar el catalán en el cine", ha añadido.