Tijuana lamenta la falta de apoyos para combatir el narcotráfico

Si usted fuera un criminal con poderío económico, a quién preferiría seducir: a un policía, cuyo salario promedio mensual es menor de 220 euros o a uno que gana el doble. A uno que tiene armamento viejo y de bajo calibre o a uno con mejores rifles. A uno cuya corporación tiene menos miembros que un equipo de fútbol o a uno que es apenas eslabón de larga cadena. En todos los casos anteriores, las primeras posibilidades son características de los cuerpos de policía municipales en México, 2.222 para ser exactos. Las mejores condiciones, en cambio, son las de los cuerpos estatales y federales. La respuesta parece obvia, pero la solución al reto que esto plantea, en medio de una guerra contra el crimen organizado, no tanto.

"Nos dejan solos", clama desde las páginas del diario El Universal el encargado de la seguridad de Tijuana, el militar retirado Julián Leyzaola. Buscando datos se encuentran explicaciones a un clamor como ése: El 90% de los policías asesinados caen a manos de criminales cuya actividad debería ser erradicada por autoridades federales y estatales. Como los 40 que han muerto este año en Tijuana, según Leyzaola. Que sean la primera barrera frente al crimen, les pide el Gobierno federal. Con qué recursos, contestan ellos. Uno de los tres policías asesinados esta semana en Tijuana traía chaleco antibalas, pero sólo apto para balas de bajo calibre, no de las que disparan las armas de los narcos.

En una comparecencia ante diputados la semana pasada, el secretario (ministro) de Seguridad Pública, Genaro García Luna, propuso una solución a esta debilidad: concentrar la fuerza policial en 32 organismos, uno por entidad federativa, para enfrentar mejor a los criminales. No es una buena idea, responden especialistas en ayuntamientos, en contraste con otros consultores que le encuentran toda la lógica del mundo.

¿Qué capacidad tendrían las policías estatales para cubrir los millones de metros cuadrados de territorio nacional?, pregunta Rubén Fernández, director de la Asociación de Municipios de México. Explica que con menos elementos, los municipales cubren hoy más que los estatales. Además, según este organismo creado en 1994, los municipios destinan el 20% de lo que recolectan a atender la seguridad, mientras que los Estados sólo dedican el 1%. "Deberían de fortalecer la capacidad de respuesta municipal, pues no se les ha apoyado desde 1994", asegura Fernández.

Ramón Corral, senador y ex alcalde de Ciudad Juárez, panista como el Gobierno federal, tampoco cree que la concentración sea una salida al problema: "Los ayuntamientos quedarían a merced de la voluntad del crimen, debe haber injerencia directa de los que son más cercanos a esa realidad, los alcaldes".

El Gobierno cuenta con datos que hacen más compleja la ecuación: El 52% de los 2.222 cuerpos policiales municipales son organizaciones que tienen menos de 20 elementos. Y, según el consultor Humberto Castillejos, algunos de esos policías ganan menos de 100 euros al mes, con una media nacional de 220 euros.

En lo que todos están de acuerdo es que el esquema de tener policías comunitarias nació en la Colonia, cuando no existían posibilidades de comunicación inmediata de mandos centrales con poblaciones remotas. "Hoy sí es posible", sostiene Castillejos, quien trabajó en el Gobierno. Y centralizar, según él, combatiría las distorsiones en el uso de los recursos, en la definición de las políticas de combate y prevención, en la manera de reclutar y castigar y, sobre todo, se tendría por cada Estado un responsable, no decenas y hasta centenares, como en Oaxaca, donde hay más de 500 municipios. "Con esta política romperíamos la debilidad institucional que tienen esos policías", asegura Castillejos, que piensa que así habría sólo 32 responsables de lo que hagan 300.000 policías, y no un organigrama de más de 2.000 mil cabezas.