Benach defiende un despliegue "frenético" del Estatuto para protegerlo

El presidente del Parlamento catalán, el republicano Ernest Benach, apostó ayer por una "actividad frenética de despliegue del Estatuto" como respuesta a un eventual recorte del texto estatutario por parte del Tribunal Constitucional (TC).

En una entrevista concedida ayer a TV-3, Benach volvió a advertir de que si el Alto Tribunal recorta el Estatuto, eso puede llevar a una "crisis de Estado importantísima". Por si pasa, llamó a la unidad de todos los partidos catalanes para proporcionar una reacción "contundente". Apeló a que se "olviden" de las elecciones catalanas, previstas para otoño de 2010, y a sellar un "gran pacto".

Dicho lo cual, el presidente de la cámara catalana reconoció que el debate "no se sabe muy bien sobre qué es", puesto que el TC todavía no ha abierto la boca. Lo inició el número dos de la Generalitat, el vicepresidente, su compañero de partido Josep Lluís Carod Rovira.

Con todo, el culebrón siguió ayer coleando. Alicia Sánchez Camacho, presidenta del PP catalán, partido que tiene recurrido el Estatuto, exigió la dimisión de Carod y pidió al presidente de la Generalitat, José Montilla que, tras la sentencia, convoque a los líderes de todos los partidos catalanes. Las reacciones de CiU y ERC no se hicieron esperar y espetaron a Sánchez Camacho que si quiere asistir a la cumbre, que el PP retire primero el recurso.

La dirigente popular pidió "responsabilidad" a los políticos y contrastó el "espectáculo" de declaraciones de los últimos días sobre la organización de una manifestación con la "coherencia y responsabilidad" que reclama el PP.

Lejos de eso, la portavoz adjunta del PSC en el Parlament, Carme Figueras, dijo que el TC "no debería tener la opción" de cambiar una ley aprobada en referéndum. Ha bastado la publicación en EL PAÍS de las líneas básicas de la sentencia sobre el Estatuto para que el PSOE y el PSC muestren posiciones radicalmente distintas sobre la respuesta política a un eventual fallo que recorte la norma.

Así, el PSOE, a través del número dos del Grupo Socialista, Eduardo Madina, advirtió ayer en declaraciones a este periódico de que "lo único que se debe hacer con una sentencia judicial es acatarla".

Mientras que la mayoría de partidos catalanes, incluidos algunos dirigentes del PSC, defienden la creación de un frente común tras el fallo o actuaciones previas como una manifestación, Madina, como portavoz del PSOE, aseguró que las autoridades y los líderes políticos "no están para liderar o capitanear reacciones a sentencias, sino para cumplir las sentencias".

El diputado y miembro de la ejecutiva del PSOE asegura que en su opinión el Estatuto es constitucional y, por tanto, espera que la sentencia avale la norma, pero hizo una llamada a la tranquilidad. En su opinión, el Tribunal Constitucional cumple su función de examinar una norma, haya sido o no aprobada en referéndum, frente a los que le niegan legitimidad para intervenir.

Esta versión oficial del PSOE contrasta con la de dirigentes del PSC y permite adivinar un pulso de imprevisibles consecuencias entre los socialistas catalanes y los del resto de España si la sentencia anula artículos clave. También confirma que el fallo puede amenazar la situación del Gobierno de Zapatero.

En esa situación, el PP dejó claro ayer que está dispuesto a utilizar esas discrepancias en contra del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Así, el partido que recurrió el Estatuto pidió ayer, a través de Alfonso Alonso, que "trabaje para imponer la sensatez".

El portavoz adjunto del PP en el Congreso aseguró que "al Gobierno debe preocuparle que una institución tan importante como la Generalitat advierta de que va a adoptar una posición tan antidemocrática como no respetar lo que establecen los tribunales y no acatar las decisiones del Tribunal Constitucional".