El Gobierno de Madrid da un año a los ayuntamientos para ordenar la Cañada

La Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, ha elaborado hoy un nuevo borrador de anteproyecto de Ley para regular y dar una solución de futuro a los problemas generados en las últimas décadas en la Cañda Real Galiana a su paso por los municipios de Madrid, Coslada y Rivas-Vaciamadrid.

Tras tres meses de negociaciones entre la Comunidad de Madrid, la Delegación de Gobierno y los municipios afectados, el Ejecutivo regional, reunido en Consejo de Gobierno, estudiará mañana el texto del Anteproyecto de Ley, que tiene como objetivo fundamental proponer una alternativa de futuro para esta zona.

El nuevo texto establece, como paso previo para abordar la resolución de los problemas de la Cañada, la desafección por parte de la Ejecutivo regional de 14,2 kilómetros de terreno, que pasarán a ser bien patrimonial y, por tanto, propiedad de la Comunidad de Madrid.

Un año de plazo

A continuación, y desde la fecha de aprobación del texto legal, se concederá un plazo de un año para que los consistorios, en el ejercicio de sus competencias urbanísticas, determinen el uso que quieren dar a los suelos objeto de desafección.

Dicha ordenación del territorio se efectuará por cada ayuntamiento mediante modificación de sus Planes Generales. Transcurrido ese plazo, la Comunidad tendrá derecho a enajenar dichos terrenos, sin que ello suponga la legalización de las construcciones o actividades desarrolladas en los mismos. En todo caso, una vez que los ayuntamientos aprueben la modificación de sus Planes Generales, se definirá la titularidad de los terrenos actualmente ocupados en la Cañada.

Asimismo, de forma paralela a los procesos de desafección, ordenación urbanística y enajenación de la Cañada Real, todas las administraciones con competencia en la zona (Comunidad de Madrid, Delegación de Gobierno y Ayuntamientos) deberán acordar los mecanismos e instrumentos que sean necesarios para resolver las cuestiones de índole social generadas en la Cañada.

Con el objeto de determinar a qué fincas y ocupantes de la Cañada afecta el nuevo régimen jurídico establecido en la Ley, los ayuntamientos de Madrid, Coslada y Rivas-Vaciamadrid deberán elaborar en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la misma, un censo de fincas y ocupantes. Una vez aprobado por el Consejo de Gobierno, este anteproyecto de Ley será remitido a la Asamblea regional para abordar su discusión y posterior votación.