El Poder Judicial mantiene la inhabilitación del juez Urquía

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha denegado hoy la petición del juez Francisco Javier de Urquía de reingresar al servicio activo de la carrera judicial una vez que ha cumplido la pena de 21 meses de suspensión del cargo de magistrado que le impuso el Tribunal Supremo por cohecho. Urquía cobró en marzo de 2006 un total de 73.800 euros de Juan Antonio Roca -el cerebro de la corrupción en Marbella- a cambio de prohibir la emisión de un programa de televisión que éste no quería que se emitiera.

La Comisión Permanente del CGPJ ha rechazado la reincorporación "al existir anotación vigente de antecedentes penales como consecuencia de la condena firme aludida", según ha informado el órgano de gobierno de los jueces. Aunque la pena de 21 meses de suspensión quedó cumplida el 26 de marzo de 2009, el magistrado no podrá volver a los juzgados hasta el 26 de marzo de 2012, ya que los antecedentes penales por delitos "menos graves" -entre ellos figuran aquellos que comportan una pena de suspensión inferior a cinco años- no prescriben hasta que se certifique que el condenado no ha cometido delitos en los tres años siguientes a la fecha de cumplimiento de la condena.

Además, el reingreso puede retrasarse aún más si Urquía resultara condenado por otra causa en la que se encuentra imputado. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) considera que existen indicios de que Urquía participó, junto a dos amigos suyos, en el intento de extorsión al empresario hotelero David Shamoon, imputado en el caso Hidalgo , que instruía el propio Urquía en el Juzgado de Instrucción número 2 de Marbella.

De Urquía, que sigue perteneciendo a la carrera judicial pues no se ha llevado a cabo su separación de la misma, había solicitado el reingreso para poder participar en el primer concurso de destinos que se produzca, informa Efe. La denegación se fundamenta en que De Urquía no reúne los requisitos establecidos en el artículo 219 del Reglamento de la Carrera Judicial. Según fuentes del CGPJ, este organismo no volverá a estudiar la petición del juez hasta que éste no tenga cancelados sus antecedentes penales. Contra este acuerdo cabe interponer recurso de alzada ante el pleno del Consejo General del Poder Judicial en el plazo de un mes.

El pasado mes de abril el CGPJ acordó, tras la sentencia dictada por el Supremo, que este juez perdiera el destino que ocupaba en el Juzgado de Instrucción número 2 de Marbella. En agosto de 2008, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) le había condenado en primera instancia a dos años de prisión, siete de inhabilitación y multa de 73.800 euros por prevaricación y cohecho. Urquía recurrió, y el Tribunal Supremo, le absolvió del delito de prevaricación y mantuvo la condena por cohecho, aunque en un grado más leve, ya que el soborno no iba aparejado a la comisión de un delito, como entendía el TSJA. La sentencia final fue de 21 meses de suspensión y multa de 73.800 euros.