Maria Badia promete mejorar la directiva de retorno que apoyó en la pasada legislatura

La directiva de retorno que aprobó el Parlamento Europeo el año pasado, y que algunos calificaron de directiva de la vergüenza, es "muy pobre". Su objetivo es dar "garantías" a los inmigrantes sin papeles que deben ser repatriados, pero de hecho las garantías recogidas en la ley europea son "ínfimas, poquísimas". Esta crítica no la ha formulado el portavoz de alguna de las muchas organizaciones que denunciaron la norma, o alguno de los 40 jefes de Estados en vías de desarrollo que se sumaron al clamor contra su aprobación, sino una de las eurodiputadas que, con su voto favorable, hizo posible su entrada en vigor. Ha sido la candidata del PSC, Maria Badia, quien ha subrayado las deficiencias de la ley europea para prometer que los socialistas tratarán de retocarla si logran ser el grupo mayoritario de la cámara tras las elecciones del próximo domingo.

En la pasada legislatura, prácticamente todo el PP Europeo votó a favor de la norma, que permite, entre otras cosas, recluir hasta un año y medio a los inmigrantes sin papeles antes de repatriarlos. Pero la mayoría simple de la que dispone este grupo no hubiese bastado si los eurodiputados socialistas españoles no se hubiesen sumado a la iniciativa, desmarcándose de la mayor parte de su grupo, que votó en contra. Con la sonada excepción de los socialistas catalanes Josep Borrell y Raimon Obiols, que también votaron en contra. La sucesora de Obiols al frente de la candidatura europea del PSC, Maria Badia, fue, en cambio, la única eurodiputada del PSC que se sumó al PSOE y votó junto a la mayoría popular.

De esta mayoría formaban parte quienes ahora son sus principales rivales electorales, Alejo Vidal-Quadras y Jaime Mayor Oreja. Lejos de estas antiguas complicidades, hoy Badia ha denunciado como "indecente" a una derecha que, ha asegurado, "criminaliza" a los inmigrantes en su la campaña electoral.

Badia ha repetido hoy la justificación que esgrimieron entonces los socialistas españoles para apoyar la directiva: Más vale una mala norma que ninguna norma. "Tenemos un mínimo marco legal que establece qué retorno han de tener las personas que llegan a Europa fuera de la legalidad", ha dicho la candidata. También ha justificado el plazo máximo de 40 días que un inmigrante sin papeles puede estar recluido en España antes de ser repatriado. "El problema es que estas personas, si tienen un documento, lo primero que hacen es tirarlo" cuando les detienen, así que es difícil saber a qué país hay que devolverlos, ha explicado Badia, que ha negado que el Gobierno socialista pretenda alargar hasta los 60 días este plazo máximo. No es cierto: El Ministerio de Interior mantiene esta propuesta en su anteproyecto de reforma de la Ley de Extranjería, han confirmado hoy fuentes del organismo.