El TSJM pide al juez que investigue a los policías que liberaron al agresor de Moreno

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha enviado al juez de la localidad madrileña de Alcobendas la investigación sobre la puesta en libertad del presunto agresor del productor televisivo José Luis Moreno, Astrit Bushi, para que estudie si los policías cometieron un delito de infidelidad en la custodia de presos. El TSJM ha archivado así las diligencias informativas abiertas este fin de semana para conocer si el juez o los funcionarios del juzgado de Alcobendas que pusieron en libertad a Bushi habían cometido alguna falta. El TSJM ha concluido que su actuación fue correcta.

Ahora es ese juzgado de Alcobendas el que tendrá que investigar si los policías que pusieron en libertad al supuesto agresor de Moreno cometieron un delito de infidelidad en la custodia de presos. El juez dejó en libertad el martes a Bushi tras declarar por su presunto implicación en otro caso, el robo en un chalé de La Moraleja (Madrid). El preso debiera haber sido conducido entonces por los agentes de la Policía hasta el furgón de la Guardia Civil para su reingreso en el calabozo por el robo y agresión a Moreno. Sin embargo, Bushi quedó en libertad poco después de declarar.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a petición de su presidente, Carlos Dívar, mantiene abierta una información previa para aclarar las circunstancias que facilitaron la libertad de Bushi. La portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, en conferencia de prensa en Zaragoza, ha advertido que el protocolo de actuación establece que si un juez de instrucción acuerda la libertad de un preso, "lo normal" es que ésta se ejecute en el centro penitenciario, "y eso no ocurrió".

Los policías no sabían nada

Los dos policías que dejaron en libertad a Astrit Bushi mantienen que no sabían que el detenido venía de prisión, ya que no fueron informados ni de su origen ni de que tenía que reingresar en la cárcel. El auto dictado por el juez acordaba la libertad provisional de Bushi con la obligación de comparecer en el Juzgado cada 15 días y de informar en el mismo de "cuantos cambios de domicilio verifique". Los agentes sostienen que, por lo tanto, procedieron a dar curso a lo que ordenaba el juez ya que nadie les había informado de lo contrario.

Los principales sindicatos de Policía han defendido la actuación de los agentes y han culpado a los "errores delsistema, tan obsoleto y arcaico que produce resultados" como éste. El Sindicato Unificado de la Policía (SUP) considera que la fuga de Bushi exige mejorar la coordinación judicial y policial, restringir al máximo los desplazamientos de los presos y reformar las competencias de los distintos Cuerpos para que los funcionarios de prisiones custodien a los presos desde su salida hasta su regreso a la cárcel.

Por su parte, la Confederación Española de Policía (CEP) señala que los guardias civiles que trasladaron desde la prisión al detenido no hicieron una entrega documentada del preso; es decir, que los policías no llegaron a cumplimentar lo que el sindicato denomina "diligencia de recepción y entrega de presos", que es el documento que acredita legalmente que el recluso queda bajo custodia un Cuerpo distinto al que le recogió en la cárcel.