El fiscal pide al Supremo que archive la querella del PP contra Garzón

La fiscalía ha solicitado a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que archive la querella presentada por el PP contra el juez Baltasar Garzón. Los populares acusan al magistrado de retrasar voluntariamente su inhibición en la investigación de la trama de corrupción en la que aparece implicado el presidente valenciano Francisco Camps, uno de sus consejeros y tres aforados madrileños. La querella solicitaba para Garzón de 10 a 20 años de inhabilitación. Ahora corresponde a la Sala la decisión sobre la admisión a trámite de la querella, aunque muy probablemente será rechazada.

La Fiscalía del Supremo ha presentado hoy su informe, de dos folios, en el que solicita "el archivo de las actuaciones por no constituir delito alguno". El Ministerio Público considera que Garzón siguió el criterio del alto tribunal al inhibirse. El aforamiento de algunos de los implicados, según el fiscal, "no sólo no impide, sino que obliga a continuar la investigación", según la doctrina del Supremo, "a fin de comprobar o desvirtuar esas imputaciones personales, evitando así la remisión no justificada" a los tribunales competentes, en este caso los tribunales superiores de Madrid y la Comunidad Valenciana.

Disconformidad con el procedimiento

El fiscal afirma que "el resto de hechos periodísticos" que se relatan en la querella del PP, "se refieren a resoluciones o ausencia de ellas, no definitivas, y plasman una disconformidad del partido político con la marcha del procedimiento, sin que constituyan el delito de prevaricación que se imputa". El informe entiende que el escrito de los populares no aporta dato alguno que permita sustentar que el Juez Instructor haya sido personalmente el autor de las filtraciones referidas, salvo mediante la nota del gabinete de prensa de la Audiencia Nacional, que no contiene dato alguno de la investigación sino lo contrario: que un miembro de ese partido no aparece en las actuaciones.

La querella reclamaba que se le aplique al juez la sanción más leve de las tres previstas por la prevaricación: de 10 a 20 años de inhabilitación, lo que supondría, de concederse, el fin de su carrera. El texto, preparado por el equipo que dirige Federico Trillo, se basaba en recortes de periódico para tratar de probar que el juez estaba retrasando voluntariamente su inhibición ante la implicación de aforados. El escrito le achacaba además animadversión contra el PP basándose en el encuentro en una cacería con el ex ministro de Justicia Mariano Fernández Bermejo, que según la querella "revela una pérdida de imparcialidad del juzgador".