El suelo está tras la privatización parcial del patrimonio del Canal
La semiprivatización del Canal de Isabel II pondría en el mercado solares de altísimo valor.- La Mesa por el Agua duda de la necesidad de invertir 4.500 millones
El valor del patrimonio inmobiliario atesorado durante siglo y medio por el Canal de Isabel II -parte en desuso y muy bien ubicado- está detrás de la semiprivatización de la empresa de la Comunidad, según Ecologistas en Acción (EA), integrante de la Mesa del Agua con la Federación de Asociaciones de Vecinos, consumidores y sindicatos, y el PSOE. Por otra parte, dudan de las ventajas de crear una sociedad anónima que podría sacar a Bolsa el 49% de su capital y han pedido explicaciones sobre la necesidad de los 4.500 millones de euros en los que se fundamenta la privatización. De momento, revuelo en la casa. Mientras la tasadora American Appraisal actualiza la valoración de los activos del Canal -en 1989 la cifraron en más de 3.000 millones de euros-, la presidenta de la Comunidad de Madrid y el presidente de la empresa, Ignacio González, han relevado a buena parte de su cúpula financiera y de contratación.
La anunciada privatización de parte del patrimonio de la empresa pública que suministra el agua potable en la comunidad, Canal de Isabel II (CYII), puede tener una lectura en clave inmobiliaria. La ley de acompañamiento de los presupuestos autonómicos para 2009 contempla la creación de una sociedad anónima que, garantizando el abastecimiento y saneamiento del agua, permitiría sacar a bolsa el 49% de las acciones y rentabilizar en el mercado el patrimonio inmobiliario no imprescindible para el servicio.
La opción es rechazada por organizaciones como Ecologistas en Acción, sindicatos, la organización de consumidores CECU y la Federación de Asociaciones de Vecinos, integrantes de la Mesa del Agua. Todas están en contra de que pase a manos privadas parte del patrimonio de una compañía pública que da beneficios.
El Gobierno de Esperanza Aguirre defiende la decisión con el argumento de que necesita recursos económicos -4.500 millones de euros- para nuevas inversiones, incluyendo dos nuevos grandes embalses en la región, en cumplimiento del Plan Nacional de Calidad de las Aguas, y otras demandas de infraestructuras. Apostilla Martín Barajas, portavoz de Ecologistas en Acción, que son "infraestructuras totalmente innecesarias, tal y como ha venido diciendo el Ministerio de Medio Ambiente a lo largo de los años".
La Confederación Hidrográfica del Tajo -institución que tendría que aprobarlos- subraya que tales embalses no están contemplados en el Plan Hidrológico y añade que no ha tenido noticias al respecto por parte de la comunidad. Adolfo Navarro, portavoz del PSOE en la asamblea, ha pedido información adicional sobre las necesidades de inversión: "Los 4.500 millones del plan de inversión a 10 años supone una media anual de 400 millones y ésta viene siendo la cifra media de inversión durante los últimos cinco años. Dado que CYII genera beneficios -se estima que unos 90 millones en 2008-, podría recurrir al endeudamiento sin privatizar los bienes patrimoniales", apunta.
"De ser necesarias tales mejoras deberían haberse hecho con los beneficios obtenidos durante estos años -unos 80 millones de media durante los últimos cinco años-, que se han venido destinando a financiar el teléfono de emergencias 112 o la construcción del Metrosur y el teatro del Canal", sostiene Martín Barajas, para quien, "el motivo de la privatización pudiera estar en el gran patrimonio de suelo del que dispone CYII y los intereses inmobiliarios que podría despertar". En 150 años de historia se ha hecho con una gran cantidad de terrenos, incluyendo amplias extensiones en el centro de Madrid.
Al portavoz socialista le preocupa que la búsqueda de rentabilidad empresarial vaya en detrimento de la calidad del servicio y que llegue a desplazar infraestructuras de abastecimiento desde el centro de Madrid hacia terrenos menos rentables. Entre las propiedades más golosas están las parcelas de los depósitos situados entre las calles de Santander e Islas Filipinas (85.125 metros) o el situado entre las calles de Bravo Murillo y Santa Engracia, donde están, además, las oficinas centrales (65.360 metros); o el depósito de la plaza de Castilla, que junto con la Fundación Canal abarca 50.000 metros. A precio de mercado, podrían valer hasta 746 millones.
Un técnico apunta que podría prescindirse de uno de los terrenos dada su proximidad a los demás: "Al venir el agua potabilizada desde la sierra, sólo sirven para dar garantía en caso de rotura de alguna arteria principal para un día entero". Algo que desmienten fuentes de la empresa: "Son imprescindibles ya que garantizan el abastecimiento en caso de rotura o demandas punta".
Sea como sea, las parcelas citadas no son las únicas atractivas. El Canal tiene suelo en distritos como Hortaleza y Fuencarral, en municipios como Majadahonda y en la sierra de Guadarrama. Un patrimonio de los madrileños, según Ecologistas en Acción, que "dejaría de estar al servicio de un mejor abastecimiento y de cuyas plusvalías se beneficiaría la nueva empresa privada". Francisco Caño, de la Federación de Asociaciones de Vecinos, apunta que "tal patrimonio es de todos los madrileños. Cuando se saque a Bolsa, sólo de unos pocos".
¿Cuánto vale el patrimonio en suelo transferible? La puesta en marcha de la nueva sociedad entraña la necesidad de inventariarlos, pero podría demorarse de un año y medio a dos.
Falta de transparencia
En 2005 la Cámara de Cuentas censuraba en un informe de fiscalización -a cuyo frente estuvo el consejero Andres Sanz- la falta de transparencia de la empresa, a la vez que hablaba de "la dimensión con crecientes intereses comerciales y mercantiles fuera del ámbito territorial de la Comunidad de Madrid que parecen contradecir su naturaleza de Administración instrumental", y recomendaba un programa de fiscalización que la Cámara no tiene constancia que se haya hecho.
Para la oposición y los miembros de la Mesa del Agua, la privatización de parte del patrimonio supone alterar una empresa que presta un buen servicio público desde 1851. El canal tiene convenios con la mayoría de los consistorios madrileños que son los responsables del abastecimiento de agua. Como anunció el de Madrid, se revisarían poniendo en riesgo el abastecimiento de los más pequeños.
Descabezado el equipo de gestores económicos de la empresa
I. G. MARDONES
Esperanza Aguirre y su vicepresidente, Ignacio González, máximo ejecutivo del Canal de Isabel II, han querido abordar la privatización de la empresa pública con directivos de su máxima confianza. El equipo de profesionales que llevaba las riendas del Canal ha sido descabezado en los últimos meses. El director, Gaspar Cienfuegos, y el director de personal, Fernando Ceballos, se han ido. Y el subdirector de Planificación Estratégica, Fernando Morcillo; el de Contratación, Ignacio Cancer; el de Diversificación, Manuel Arredondo; el de Gerencia, Javier Martínez, y el Financiero, Miguel Ángel Lucas, han desaparecido del organigrama de la compañía, a pesar de que fueron nombrados por el mismo ejecutivo del PP hace casi cinco años.
El director gerente, Ildefonso de Miguel, ha encargado a la tasadora American Appraisal una actualización de la valoración de los activos de la compañía y de sus bienes patrimoniales, entre los que figuran 4.000 kilómetros de tuberías, siete depuradoras, varios depósitos de agua en activo y fuera de uso, así como terrenos de gran valor afectados por el plan para prolongar la Castellana (Operación Chamartín). Buena parte de este patrimonio, el ubicado en el municipio de Madrid, fue cedido al canal por 25 años a cambio de 750 millones de euros, en el marco de un convenio firmado por el alcalde Alberto Ruiz Gallardón y la presidenta de la Comunidad en septiembre de 2005.
3.000 millones en activos
A la tasadora American Appraisal, una de las más prestigiosas del mundo, no le resultará difícil su trabajo. En 1989, realizó la primera valoración patrimonial del canal en los tiempos modernos. Entonces se estimaba que los activos de la compañía estaban muy infravalorados, alrededor de una quinta parte de su valor real, aseguran fuentes del canal. La tasación se aproximaba a los 500.000 millones de pesetas, más de 3.000 millones de euros. Tras aquella tasación se decidió apuntar en el balance como reserva voluntaria la plusvalía resultante (120.000 millones de pesetas, 721 millones de euros).
En los años noventa, la sociedad creó filiales para operar en varios países latinoamericanos que fueron desmanteladas por Antonio Beteta. Más tarde Carlos Mayor Oreja, primero como consejero de Medio Ambiente y luego de Justicia, las recuperó.
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