Aguirre defiende al hombre-anuncio

La Comunidad de Madrid ha anunciado esta mañana que presentará alegaciones al proyecto de ordenanza de publicidad exterior del Ayuntamiento de la capital -que entrara en vigor en enero de 2009 y que, entre otras cosas, prohíbe los hombres-anuncio y los repartidores de octavillas-. El Gobierno de Esperanza Aguirre entiende que "invade competencias regionales en materia de medioambiente, publicidad, fomento y desarrollo económico y patrimonio histórico".

Tras el Consejo de Gobierno, el vicepresidente primero y portavoz regional, Ignacio González, ha apuntado que esta normativa vulnera la libertad de empresa, limita la publicidad exterior y establece criterios de discriminación entre las compañías de publicidad. Y ha prometido que llegarán a los tribunales si el Ayuntamiento no da marcha atrás. En su argumentario, el alcalde de la capital, Alberto Ruiz-Gallardón, aseguraba que esta práctica es "vejatoria y degradante" para estas personas que se las "fuerce a ser soporte publicitario", además de considerarla antiestética. Tan poco le gustan a Gallardón los hombres-anuncio que la ordenanza considera esta actividad como una infracción muy grave, que lleva aparejada una multa de entre 1.501 y 3.000 euros.

Al respecto, González ha recordado a Gallardón que la dignidad del trabajador, así como otros aspectos como salarios, horarios, condiciones, está regulada por la Organización Internacional del Trabajo. La ordenzana, por tanto, se refiere "más a cuestiones estéticas que a razones laborales o de la dignidad y defensa de los trabajadores". Aunque en desuso, en el entorno de la Puerta del Sol sobreviven una decena de hombres-anuncio y también existe una versión más moderna y con patente española, el hombre anuncio-digital que, en lugar de pesados cartelones, portan modernas pantallas de plasma. Acto seguido, ha comentado uno por uno los puntos a los que la Comunidad de Madrid presentará alegaciones al entender que invaden competencias autonómicas. Así, a su juicio limita la libertad de empresa y ésta solo se puede acotar "por razones de interés general y siempre y cuando la limitación sea adecuada al objeto que se persigue y no pueda conseguirse por otra alternativa".

Invade mil y una competencias

Según el vicepresidente primero, el texto municipal también limita el derecho a la libertad del establecimiento de la empresa, ya que impide que las compañías que quieran hacer una publicidad exterior puedan estar ubicadas en determinados sitios. Además, ha manifestado que se limita la actuación publicitaria de los empresarios ubicados en el municipio de Madrid, estableciendo un criterio de discriminación, puesto que será posible insertar publicidad en unos sitios y en otros no. "Esto da un tratamiento desigual en relación a la capacidad de establecimiento empresarial en unas zonas y en otras del territorio de la Comunidad de Madrid", ha agregado, para afirmar que "en unas zonas se considera más contaminantes la instalación de anuncios exteriores y, por lo tanto, se prohíbe, mientras que en otras zonas se permite, vulnerando así el principio de igual y equidad".

El número dos de Aguirre también ha destacado que la ordenanza vulnera la libre prestación de servicio en la regulación comunitaria de servicios públicos (normativa Bolkestein), ya que somete su ejercicio a unos requisitos "muy minuciosos que hacen imposible en muchos casos el ejercicio de la actividad publicitaria". "No existe ninguna razón imperiosa de interés general que justifique este régimen regulador tan taxativo y con un nivel de autorización tan detallada que prácticamente hace muy difícil en ocasiones el ejercicio de esta actividad", ha dicho.

Finalmente, ha recordado que el texto local prohíbe la publicidad en vehículos de titularidad privada pero permite los anuncios en vehículos municipales o interurbanos, tales como autobuses, lo que, según dijo, supone "una clara intervención en el ejercicio de la actividad privada, totalmente discriminatoria con respecto al uso de la publicidad en vehículos y medios de transporte". González ha recalcado que esto es "especialmente grave" porque impide que un sector como el taxi, que tiene regulada la posibilidad de llevar publicidad, pueda lucir anuncios.