El Ayuntamiento de Alcorcón recibe más quejas de la residencia

Los tres presuntos casos de negligencia denunciados en la residencia de ancianos Gabriela Mistral de Alcorcón, cuya gestion está en manos de AMMA Gerogestión, se están multiplicando en las últimas horas. Esta mañana, una quincena de familias más ha presentado quejas en el Ayuntamiento por el mal funcionamiento de la residencia, que se suman a la denuncia que consta en la Comunidad de Madrid por falta de personal. Mientras tanto, el caso está derivando en una guerra abierta entre el Ayuntamiento (PSOE) y la Comunidad de Madrid (PP). El alcalde, Enrique Cascallana, ha acusado al Gobierno regional de no haber abierto ninguna investigación, en contra de lo que éste sostuvo ayer. En respuesta, Asuntos Sociales ha revelado el número del expediente -65/MSP/08-. Esta web ha tenido acceso a la primera página del documento. Además, una portavoz de la Consejería ha criticado a ELPAÍS.com que las dos denuncias fueron remitidas ayer por la tarde a la consejería, cuando entraron en el registro municipal "hace diez días".

Una quincena de familiares se han personado esta mañana en la Concejalía de Salud y Mercados para exponer sus casos. Miguel Ángel Pérez, hijo de un residente de 80 años que padece de Alzheimer, ha manifestado que en los 18 meses que lleva su padre allí "se ha caído cinco veces" y ha sufrido "la rotura del brazo izquierdo" y le tuvieron "suturar una herida en la cabeza". Pérez reconoce que los servicios asistenciales del centro acompañaron a su padre casi siempre al Hospital Fundación Alcorcón, pero que cuando él consiguió llegar al hospital, su padre "estaba solo", algo que considera "una negligencia grave". Daría Luengo todavía lleva colgada al cuello una imagen de su madre fallecida, quien también era residente en el centro de mayores y que ya "con problemas respiratorios" sufrió una caída en su propia habitación que le "hizo estar postrada para siempre en la cama" y que "aceleró su muerte". "Firmé una autorización -añade Luengo- para que por la noche a mi madre le pusieran las barandillas de la cama y vi que no estaban puestas", y añade que, "una vez en el hospital tras la caída, "se encontraba también sola", sin que nadie hubiera "dado orden desde la residencia para que la hubieran acompañado".

Fernando Ruiz, miembro de la comisión de familiares del centro, ha afirmado que "lleva abierto tres años pero parece que sean 100" por la deficiente estructura, la falta de salas y "una gran falta asistencial". Ruiz ha declarado que "hace un año y medio se hizo llegar a la dirección gerente de AMMA una circular" en la que se trataba la falta de medios humanos, "sin recibir una respuesta", y que se sorprende de que "en tres años la dirección haya cambiado tres veces". El propio comité de empresa de la residencia denunció ayer que "falta personal". Según su presidente, Francisco Manuel Castaño, "en el turno de tarde hay módulos en los que tres auxiliares atienden a 36 mayores". Castaño puso en duda que el centro cuente con alrededor de 115 trabajadores, como sostiene la empresa. "No se llega a 90", precisó. Al respecto, el alcalde de Alcorcón ha dicho hoy que los familiares han denunciado falta de personal auxiliar de aseo y comedores y han explicado que, de una plantilla de 100 trabajadores, "pueden llegar a estar 50 personas trabajando durante el verano porque no se cubren los puestos". Estas quejas se suman a los dos casos denunciados ayer por el Ayuntamiento: la muerte de una anciana el 22 de septiembre -Candelas Ruzafa Rodríguez, de 86 años, cuyo fallecimiento investiga el Juzgado número 7 de Alcorcón- y la necropsia que sufre otra de las residentes -Milagros Rodríguez Muñoz, de 82 años-.

"Lo que hay es una inspección cotidiana"

Mientras tanto, la administración local y regional se tiran los trastos a la cabeza. En rueda de prensa en la cámara alta, Enrique Cascallana, que también es senador, ha exigido trabajar conjuntamente en la investigación con el Ejecutivo regional "porque afecta a vecinos de Alcorcón y el Ayuntamiento no va a hacer dejación de sus responsabilidades". Y ha prometido que, "si el Ayuntamiento no recibe una respuesta de colaboración, el consistorio propondrá crear una comisión de investigación municipal". "Para que no existan dudas de manipulación política, ofreceré al PP la presidencia de esa comisión", ha apostillado, con ironía. El alcalde ha insistido que "ese expediente abierto a la residencia oficialmente no existe". Para hacer esa acusación se basa en que ayer habló con la consejera de Familia y Asuntos Sociales, Engracia Hidalgo, y ésta aseguró que había conocido la noticia por los medios y no le "manifestó ninguna investigación en marcha". Cascallana ha dicho que los familiares de la fallecida denunciaron los hechos por escrito el 7 de octubre y que el 10 el Ayuntamiento llamó a la Comunidad para tratar el caso.

El alcalde ha exigido a la Comunidad de Madrid "transparencia" y "colaboración" para esclarecer las causas y ha asegurado tajantemente que serán "exigentes" y "rescatarán la concesión" de esta residencia si, como conclusión de la investigación, se deduce que los servicios que prestan no se ajustan a la oferta que se hizo inicialmente. En el fondo del asunto late una diferente concepción de los servicios sociales. Cascallana ha acusado a la Comunidad de privatizar los servicios públicos en detrimento de la calidad cuando, en su opinión, "los servicios sociales y la sanidad deben responder primero a criterios de calidad y, por último, a criterios económicos". En respuesta, la Consejería de Asuntos Sociales critica a su vez que el Ayuntamiento remitió a la Comunidad las denuncias "diez días después de haberlas recibido en sus servicios municipales", según consta en los registros de entrada y salida. La consejería reitera que sí existe un expediente abierto a la residencia, que data del 7 de octubre pero que su origen es una cuarta denuncia "por ciertos problemas de personal". Revela además que su número es el 65/MSP/08. En la nota, la consejería llama de nuevo a los ayuntamientos a prestar "la colaboración necesaria" y a "evitar cualquier tardanza por problemas burocráticos y de comunicación".

Desde el centro, el director técnico del grupo AMMA, Jorge Delgado, ha asegurado que "no existe ningún expediente abierto por la Comunidad de Madrid", sino que se trata de "una inspección cotidiana" y ha anunciado que se está realizando una auditaría interna. La residencia, situada en la calle Gabriela Mistral y abierta en septiembre de 2005, tiene 180 plazas, un tercio de ellas públicas -los ancianos pagan en función de su pensión- y el resto, privadas, a un precio, tasado por la Comunidad de Madrid, de 1.800 euros al mes. Todas están ocupadas, según ha explicado a esta web una portavoz del Ayuntamiento de Alcorcón. Además, el asilo, construido en terreno público, cuenta con 40 plazas de día.

Así es el asilo de Alcorcón acusado de negliencia