El Gobierno exige a diez Ayuntamientos vascos que eliminen calles con nombres de etarras

Desde el pasado mes de marzo, la Delegación del Gobierno en el País Vasco, a través de los servicios jurídicos del Estado, ha requerido la eliminación de placas con nombres de etarras en diez municipios vascos -Amorebieta, Arrigorriaga, Leioa (por dos calles), Etxebarri (todos ellos en Vizcaya), Astigarraga, San Sebastián, Elgeta, Hernani y Zizurkil (Guipúzcoa)-. Sólo en esta última localidad se procedió a anular el acuerdo municipal que había dado el nombre de una calle a un terrorista.

Esta información, dada hoy por el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, llega al día siguiente de que el pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional dictaminara por unanimidad de sus 17 magistrados que el mantener calles con nombres de etarras no es delito. El razonamiento jurídico se basa en que cuando se tomó la decisión respecto al nombre de esas calles, no existía un delito que lo castigara. Desde diciembre de 2000, con la reforma del Código Penal, sí se incluyó el delito de enaltecimiento del terrorismo.

Hernani dice 'no'

Fernández Bermejo ha asegurado que la Abogacía del Estado interpondrá recursos contencioso-administrativos para impugnar los acuerdos municipales del resto de localidades que no han querido quitar placas con nombre de miembros de ETA. Por el momento, tras contestar negativamente a la petición, ya se ha presentado el recurso contra la decisión del Ayuntamiento de Hernani. El resto de los consistorios aún no han dado una respuesta al Ejecutivo ya que no se ha cumplido el plazo establecido para comunicar su decisión.

Preguntado por la posibilidad de que el Ejecutivo inste una reforma penal que permita proceder contra los municipios que mantengan los nombres de las calles, Bermejo ha manifestado que "no todas las respuestas del Estado deben producirse en el ámbito de la jurisdicción penal". En todo caso, el titular de Justicia ha explicado que la Abogacía del Estado "está ya recabando toda la información necesaria para requerir a dichos ayuntamientos en la misma dirección". Si no acceden a retirar las placas, se irá contra ellos por la vía de lo Contencioso, ha precisado antes de añadir que "el Estado de Derecho, afortunadamente, tiene respuestas suficientes".