La Xunta podrá expropiar los inmuebles en riesgo de derrumbe

El anteproyecto de la Ley de Vivienda reduce a una incompatibilidad "ética" que los alcaldes y los ediles no sean promotores, a pesar de que la consejera de Vivienda, Teresa Táboas, ha admitido que habría preferido que el texto legal recogiese una prohibición expresa de esta actividad.

Táboas ha explicado que ha sido la Consejería de Presidencia la que entendía que este anteproyecto no podía prohibir la figura del alcalde-promotor por "cuestiones jurídicas". No obstante, Táboas se ha mostrado "satisfecha" con esta ley y con el hecho de que se incluya esta incompatibilidad como "una cuestión ética". En la disposición adicional séptima existe una modificación de la Ley de Administración Local de Galicia que impide a los cargos representativos de los ejecutivos municipales utiliza el cargo de alcalde o concejal en beneficio propio o de terceras propias.

Fondo Social de Vivienda

Otra de las novedades que ofrece el documento es que la Xunta podrá expropiar de manera forzosa los inmuebles siempre y cuando estén vacíos y presenten un deterioro grave, corran riesgo de derrumbe y sus propietarios no accedan a arreglarlos. Táboas ha precisado que ésta será "la última vía". La consejera de Vivienda ha justificado esta medida en que la administración "no puede mirar para otro lado mientras el país se cae", en alusión a derrumbes ocurridos en Ferrol, A Coruña y Vigo.

Igualmente se prevé el Fondo Social de Vivienda como un instrumento de colaboración institucional y financiera de la comunidad para procurar el derecho a la vivienda de los sectores más desfavorecidos. Táboas ha subrayado que la nueva norma fija las condiciones de desalojo, realojo y retorno "con la finalidad de impedir el acoso inmobiliario", "directa o indirectamente" ejercido sobre el inquilino "por la vía de dejar que el inmueble se deteriore cada vez más, ignorando el deber de conservación y rehabilitación".

VPO más grande

Por otra parte, la vivienda protegida aumenta su superficie máxima de 120 a 140 metros cuadrados y el límite mínimo para las de un dormitorio se fija en 40 metros cuadrados útiles. Además Táboas ha destacado que la norma también persigue fomentar el alquiler como vía de acceso a la vivienda, así como "proteger a los adquirientes y arrendatarios". También en materia de alquiler, el documento plantea una novedad ya que abre la puerta para un sistema de arbitraje de resolución de conflictos que puedan surgir entre el propietario y el inquilino, como solución previa y alternativa a la vía judicial.

La consejera ha explicado que este anteproyecto, que será aprobado el jueves por el Consejo de la Xunta y prevé que salga adelante en el Parlamento antes de fin de año, supone "un auténtico código del derecho a la vivienda" y cierra el paquete legislativo de este departamento para la presente legislatura.