Gallardón pide a Aguirre que reconsidere un aspecto de la liberalización de horarios

El Ayuntamiento de Madrid se opone a dos puntos del anteproyecto de ley de liberalización de horarios comerciales que quiere aprobar la Comunidad de Madrid. En opinión del delegado de Economía, Miguel Ángel Villanueva, anularían dos puntos -el 10 y el 11- del artículo 30 de la Ley de Drogodependencia, también conocida como ley antibotellón, aprobada en 2002 por el Ejecutivo madrileño cuando Alberto Ruiz-Gallardon era su presidente. En una carta enviada a Esperanza Aguirre, Gallardón le ha pedido que "reconsidere" la supresión de la licencia que los Ayuntamientos dan a los establecimientos que venden alcohol para llevar porque esta medida resucitará los macrobotellones.

Villanueva, en declaraciones a los periodistas antes del debate en el pleno municipal sobre el anteproyecto de ley, ha asegurado que esta normativa "deroga" los dos apartados de Ley de Drogodependencias antes mencionados, en los que a los establecimientos de venta de alcohol que no son bares se les exigía una segunda licencia de los ayuntamientos. El delegado de Economía ha dicho que a Ruiz-Gallardón le "preocupa" el efecto que pueda tener. Es más, que "no comparte la filosofía" del anteproyecto y que así se lo ha comunicado a la presidenta regional en la misiva, que enviada la semana pasada. Todavía no ha obtenido respuesta.

La supresión de esta segunda licencia por parte de los ayuntamintos que propone el Gobierno regional "pone en riesgo", según Villanueva, "la salud de muchos jóvenes madrileños" y supone "un paso atrás" en el avance respecto al consumo de alcohol en este colectivo que supuso la ley de 2002 "según demuestran las estadístixas". Villanueva ha sostenido que la venta de alcohol a los jóvenes ha descendido desde 2002 -no ha precisado cuánto- y el acceso al alcohol de los menores "se ha ido postergando". Sin embargo, el delegado ha advertido que la ley propuesta por la Comunidad provocará que surjan "miles de puntos de venta de alcohol en la ciudad de Madrid y en otras ciudades de la Comunidad", lo que supondrá la "reaparición" del botellón.

"Una directiva comunitaria del año 2006"

Sobre la liberalización de los horarios comerciales en general hay poco que decir según el Ayuntamiento, ya que responde a "un mandato de una directiva comunitaria del año 2006" en la que se daba a los estados miembros "tres años para poder adaptarse a la liberalización comercial en defensa de los intereses de los usuarios". "Esa ley deja poco margen a los estados para establecer restricciones", ha admitido.

Por su parte, los portavoces de Economía del PSOE e IU en el Ayuntamiento, Isabel Vilallonga y Ángel Lara, han coincidido en apuntar que el rechazo del Gobierno municipal es "una pelea más" entre Aguirre y Ruiz-Gallardón en "su afán de meterse cada uno en el territorio del otro". La oposición municipal considera que el asunto es "secundario" y que "lo importante" para los ciudadanos es "el efecto negativo" que tendrá la ampliación de horarios comerciales en el pequeño comercio, que no podrá competir con las grandes superficies y cuyos empleados no podrán conciliar la vida laboral y personal.

Vilallonga ha vaticinado que en Madrid imperará "la ley de la jungla" con la liberalización que, a su juicio, no favorecerá sino "el monopolio de las grandes superficies". Para Lara, promoverá empleos precarios en las grandes superficies y la quiebra del pequeño comercio en la ciudad. A pesar de las propuestas de la oposición, el PP se ha negado en el pleno a aprobar un documento de rechazo a la liberalización de horarios comerciales que impulsa la Comunidad, argumentado que lo que les preocupa es la supresión de la licencia que conceden los ayuntamientos a los establecimientos que venden alcohol para llevar.